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El ultimátum de Pedro Sánchez para que el PP se avenga a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que termine junio está muy lejos de que el órgano de gobierno de la judicatura pase a contar con la anuencia de ... la mayoría reforzada de las Cortes. El presidente anunció el miércoles que «el Gobierno de España, junto al Congreso» procederían a desbloquear la situación si el partido de Alberto Núñez Feijóo no reacciona en el plazo de dos semanas. Olvidándose de que, constitucionalmente, el Gobierno no tiene nada que hacer al respecto. Ni el secretario general del PSOE puede apelar a la Cámara baja pretendiendo que los socios de su investidura vayan a secundar su iniciativa. El presidente Sánchez aparcó la posibilidad de elegir a los miembros del Consejo por mayoría simple, desoyendo los requerimientos de algunos de sus aliados. Empezando por Sumar. Opción que no cumpliría con los estándares exigidos por la Comisión Europea. Pero no explicitó la fórmula por la que, mediante la sugerida modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podría designarse a los magistrados de distintas instancias judiciales hurtando tal potestad al CGPJ.
Pedro Sánchez considera que el PP encuentra en el bloqueo de la renovación del Consejo el «incentivo perverso» para continuar manteniendo tal atribución. Como si Génova guiara el nombramiento de los titulares del Tribunal Supremo, de los Superiores autonónimos y de la Audiencia Nacional. Pero todo procedimiento alternativo a la competencia actual del CGPJ la trasladaría a ámbitos en los que la influencia partidaria sería tanto o mayor que la existente. Ni la precariedad legislativa del Gobierno de progreso, ni la alternancia en espera que representan los populares, son capaces de ofrecer una solución duradera constitucionalmente solvente a ojos de Bruselas. La injustificable resistencia, por parte del PP, a suscribir acuerdos al respecto que parecían prácticamente cerrados no puede continuar siendo el argumento al que recurre el Gobierno para mantener el desamparo sobre la Administración de Justicia. Mucho menos cuando el miércoles el presidente Sánchez insistió, una y otra vez, en que el primer partido de la oposición y ganador de los últimos comicios, el presidido por Alberto Núñez Feijóo, formaría parte de una triada de ultraderecha a la que está decidido a enfrentarse como misión.
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