Acuerdo de justicia

El PSOE y el PP alcanzaron ayer en Bruselas un acuerdo largamente esperado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para la tramitación por el procedimiento de urgencia de una proposición de ley conjunta que pretende reforzar la independencia de jueces y ... magistrados, así como la solvencia de la Fiscalía. El documento confiere además al nuevo CGPJ, cuyos 20 vocales serán nombrados de forma inmediata por las Cortes Generales, la tarea de proponer, por mayoría de tres quintos, una reforma legislativa que garantice en adelante su elección según parámetros europeos; es de suponer que mediante un procedimiento que conceda mayor protagonismo a los propios jueces a partir del consenso suscrito bajo los auspicios de la Comisión Europea. El primer pacto de Estado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los populares incluye razonables cesiones mutuas ya manejadas en anteriores intentos frustrados y cuya dimensión, siendo relevante, no justifica el intolerable bloqueo durante cinco años del órgano de gobierno de la Judicatura, sometido a un manoseo partidista que por elevación afecta al prestigio de la justicia. El PP no puede eludir su responsabilidad en el flagrante incumplimiento de un mandato constitucional al haber intentando prolongar la mayoría conservadora en el Consejo, mientras los socialistas han adoptado medidas cuestionables para hacerse con su control. El entendimiento se ha producido apenas cinco días antes de que venciera el ultimátum del presidente Sánchez que tampoco debería haberse producido.La proposición de ley anunciada establece criterios de independencia e idoneidad más estrictos que los actuales para formar parte del CGPJ –se han estrenado para la elección de los nuevos vocales–, lo que resulta bienvenido, así como los límites para el regreso a la carrera judicial de los jueces y fiscales que entren en política. Su tramitación en el Congreso será simultánea a la elección de los nuevos integrantes del Consejo. En Bruselas se demostró que lo deseable es también posible: que el partido en el Gobierno y el primer grupo de la oposición se vean concernidos por la política de Estado. Ahora deberán confirmar la solidez de su empeño sin que, una vez designados los nuevos componentes del órgano de gobierno del Poder Judicial, surjan diferencias en cuanto a la reforma de su ley orgánica. Del mismo modo que, por coherencia, deberían comprometerse a hacer suya la propuesta que elabore el CGPJ para reformar su sistema de elección.