El acuerdo presupuestario

En primer lugar conviene subrayar la estabilidad que proporciona a Cantabria que sus cuentas públicas –el principal instrumento político-económico con el que cuenta un gobierno–, puedan ser aprobadas en los plazos legales. Además de clarificar los objetivos del período, supone allanar la gestión administrativa y permite dedicar los esfuerzos a otros fines. Es, sin duda, un éxito político de Buruaga, quien en poco más de cuatro meses ha firmado con el PRC dos acuerdos, el que facilitó su investidura y el actual.

Las líneas del compromiso, en el que el Gobierno regional venía trabajando con numerosos guiños al regionalismo, acepta modificar la rebaja fiscal tal como estaba definida para reducir las retenciones de los sueldos de entre 20.000 y 60.000 euros anuales, además de crear un fondo para compensar los daños de la inflación a familias y empresas e incrementar las aportaciones públicas para obras en zonas con riesgo de despoblación. También corrige la supresión del Impuesto de Patrimonio en casos superiores a tres millones de euros (el conocido como de las 'grandes fortunas'), para mantener la recaudación en tanto y cuanto esté activo en el ámbito nacional, pues el tributo se mantendría y Cantabria no se beneficiaría de él. La continuidad de los principales proyectos regionales y el apoyo de los municipales ya habían sido incluidas previamente en el Presupuesto, y venían recogidos en el pacto de investidura.

El asunto fiscal es nuclear en la propuesta presupuestaria popular –ahora asumida por el regionalismo– ya que establece un cambio de tendencia en el uso habitual de los últimos mandatos, el de incrementar la presión recaudatoria para asumir los servicios públicos y poder hacer frente al creciente coste de la deuda. Es un giro sustancial, y en los próximos ejercicios se podrá comprobar si cumple su objetivo de dinamizar la economía y mantener los ingresos.

El hecho de que la aprobación se haga previsiblemente con 23 de los 35 escaños, dos tercios de la Cámara, no sólo le otorga solidez sino que, al dejar fuera a PSOE y a Vox a ambos lados del espectro político, populares y regionalistas ocupan una cómoda posición de centralidad. Los primeros, para ejercer el gobierno que, desde luego, no estará exento de dificultades. Los segundos, para abordar el que será sin duda el proceso más crítico de la historia de la fuerza política, la sustitución de Miguel Ángel Revilla, su fundador y hasta ahora indiscutible líder, de quien, al margen de las preferencias de cada cual, es incuestionable reconocer el papel que su particular figura política ha representado en la escena pública de Cantabria, y también la de España, en las últimas décadas.

En un plano más general, es también digno reseñar que las dos principales fuerzas de Cantabria, pese a las diferencias que les puedan separar en cuanto a sus ideas acerca de lo público y su manera de llevarlas a cabo, hayan sido capaces de llegar a este acuerdo y hayan encontrado puntos de encuentro que les benefician a ambos y a la región. Un ejemplo, a otra escala, para la práctica política española, lanzada a entendimientos complejos con fuerzas minoritarias que imponen condiciones extrañas para el común de los ciudadanos.