Acuerdo para la vivienda

La escasez de inmuebles, ya sean destinados a la compra o al alquiler, implica que la escalada de precios absorba la mayor parte de los ingresos familiares o que proliferen fórmulas para paliar la carencia, como los pisos compartidos o los arrendamientos por habitaciones. La falta de una vivienda digna trunca proyectos vitales, frena la emancipación, imposibilita la movilidad laboral y empobrece a quienes precisan de un lugar en el que vivir, con especial incidencia en los jóvenes, que además se ven incluidos en ese segmento del mercado laboral más precarizado.

Son múltiples las causas de esta grave crisis. La escasez de oferta, la falta de suelo, la dificultad que comportan los trámites para la promoción, la complejidad de la normativa urbanística, la falta de mano de obra, la subida del precio de los materiales,... en un sector que trabaja con tiempos amplios desde que identifica la demanda hasta que el bien es puesto a disposición del cliente.

La resistencia de los propietarios al alquiler residencial en las zonas con más demanda turística es razonable, pues la rentabilidad y la seguridad son mucho mayores si se dedican a acoger visitantes ocasionales. Recordemos que, en todo caso, en la Comunidad hay 50.000 residencias vacías, por su uso ocasional como segunda residencia o porque el propietario prefiere no sacarla al mercado. En Cantabria, con el turismo al alza, la competencia de los compradores de las segundas residencias es otro elemento que incide de forma negativa para el acceso a la vivienda habitual en este complejo sector.

Uno de los pocos factores positivos de los últimos meses es la bajada de tipos, al hilo de la contención de la inflación, que favorece la constitución de hipotecas. De hecho, aunque en la región apenas han salido al mercado 1.126 viviendas nuevas en 2024, fueron 8.436 las compraventas formalizadas, lo que da idea del dinamismo del sector. Obviamente, la mayor parte de ellas eran de segunda mano. Recordemos que en plena burbuja inmobiliaria, en 2006, fueron 16.588 las viviendas que se construyeron en la región.

Los partidos políticos han entrado al fin de lleno en el asunto, una vez que el clamor social les ha obligado a ello. Sus propuestas, en líneas generales, oscilan entre la intervención en el mercado de la izquierda y las medidas liberalizadoras de la derecha. El banco de pruebas nacional de las acciones intervencionistas, Cataluña, con el establecimiento de topes al alquiler, ha traído la aparente contención de los precios, pero ha retirado del mercado decenas de miles de inmuebles, lo que otras experiencias de este tipo habían demostrado con anterioridad. Las fuerzas políticas deben, de una vez por todas, dejar de lado sus estrategias de lucha por el poder y desgaste del adversario y coordinar, con sentido práctico, las múltiples medidas que es preciso adoptar: simplificar burocracia, facilitar suelo, fomentar el alquiler dando seguridad a los propietarios, promoviendo iniciativas publico-privadas... Y evitar así las disposiciones contradictorias en función de quién gobierne en cada momento. Para que el derecho constitucional a la vivienda sea una realidad y no una aspiración imposible para una parte sustancial de los ciudadanos españoles.