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Dibujar de forma real el estado de salud de una comunidad autónoma resulta complicado. La multitud de informes, estudios y balances llenos de datos, cifras e interpretaciones que todas las semanas diferentes organismos difunden, dificulta muchas veces conocer con exactitud la situación de la economía ... de una región puesto que, incluso, llegan a ofrecer cifras contradictorias.
En el caso concreto de Cantabria, en las últimas fechas se han conocido dos informes relevantes. Por un lado, la caída de medio punto que experimentó el Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año debido fundamentalmente al desplome de la industria y al retroceso de la construcción y el sector primario, y pese al gran tirón del turismo durante los meses de julio, agosto y septiembre (datos del Instituto Cántabro de Estadística). Y, por otro, la boyante situación del empleo en la Comunidad a finales de 2023 de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), que coloca a la región con la segunda tasa de paro más baja de todo el país con el 7,5%, solo por detrás del País Vasco.
Son solo dos ejemplos recientes de la dificultad que entraña determinar cómo está Cantabria y su economía. Hoy, El Diario Montañés ofrece su tradicional 'termómetro empresarial', un barómetro que alcanza ya su undécima edición y que recoge la opinión de 26 grandes empresas de Cantabria, además del Puerto de Santander, la CEOE y la Cámara de Comercio, y que sirve a la perfección para determinar cómo los grandes responsables del PIB regional encaran 2024, su visión de la economía –con sus certezas y sus incertidumbres–; y para recoger sus demandas y necesidades.
En líneas generales, y dentro de la especificidad de cada una de ellas, las grandes empresas de Cantabria trasladan un optimismo moderado ante un 2024 que consideran clave para poder desarrollar sus proyectos e inversiones y mantenerse en la senda del crecimiento. Encima de la mesa hay empresas como SEG Automotive o James Hardie, que proyectan las inversiones más importantes de su historia. Firmas como Solvay, que encara un año crucial para su futuro en el que deberá concretar su transición energética. Nombres como Ferroatlántica o Forgings & Castings, que esperan solventar con éxito dificultades anteriores. O entidades como el Puerto de Santander, que confía en seguir empujando a Cantabria, por citar algunas de ellas.
Pero para ello, todas estas grandes empresas demandan de nuestros gobernantes regionales y nacionales facilidades para poder llevar sus planes a la realidad. Una reclamación que puede resumirse en tres palabras:agilidad, flexibilidad y colaboración. Agilidad en la supresión de unos trámites administrativos y burocráticos que, muchas veces, truncan proyectos o los retrasan más tiempo de lo debido y de lo esperado por los propios empresarios. Flexibilidad en una fiscalidad que permita a la iniciativa privada invertir en aquellos planes que llevarán después al crecimiento. Y colaboración entre lo público y lo privado como elemento central para la atracción de la inversión, aprovechamiento del talento que emana de la propia región y liderazgo para mantener a Cantabria en el punto de mira y evitar la amenaza de la deslocalización.
A nivel regional, el Gobierno ya ha dado pasos que responden a las necesidades que plantean las grandes empresas, como es la reforma fiscal, la ley de simplificidad administrativa y una apuesta decidida por la colaboración público-privada. Pasos que deben tener su continuidad a lo largo de esta legislatura.
A nivel nacional e internacional, hay aspectos que preocupan al colectivo: la polarización política que amenaza la estabilidad que siempre demanda la empresa; y las guerras de Ucrania y Gaza –y su extensión al mar Rojo– que generan gran incertidumbre.
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