Amnistía en la casilla de salida

Pero son las dudas de constitucionalidad mostradas por los letrados del Congreso asignados a la Comisión de Justicia las que devuelven la discusión al punto de partida, al advertir de que la amnistía requeriría reformar la Carta Magna. Desechando la pretensión revisionista de equiparar la medida exigida por Junts y ERC a la de 1977, que dio cauce a la propia Constitución. Dudas que se quisieron sortear desde el momento en que el presidente resolvió tramitar la iniciativa como una proposición de ley de partido, para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y la eventualidad de recabar el parecer del Consejo Fiscal. Los mismos promotores de la amnistía que desecharon las críticas de inconstitucionalidad cuando se desconocía su articulado, alegando que tal juicio correspondía al Tribunal Constitucional, defendieron su pleno encaje nada más presentar la propuesta, sin encomendarse en momento alguno a la corte de garantías.

Con la idea de hacer de la necesidad virtud, se ha querido hacer de la necesidad ley. Pero con tal creatividad y voluntarismo que el Ejecutivo, los integrantes de la coalición progresista y sus aliados optaron por olvidar que el Estado constitucional es un sistema de contrapesos y división de poderes. Aunque el trámite parlamentario durará hasta finales de abril, junto a informes jurídicos que ofrecerán cuando menos apuntes críticos, y después seguirán recursos al Constitucional y de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo, en una legislatura pendiente de Carles Puigdemont. Una legislatura que corre el riesgo de empantanarse en la amnistía.