Amnistía divisiva

La norma, retorcida hasta el último minuto atendiendo a las exigencias de Junts y, en segundo plano, de ERC es de dudosa constitucionalidad y viabilidad judicial. Siendo una medida dirigida a exonerar a cuantas personas han sido o puedan ser encausadas por su participación en el 'procés', sus promotores no coinciden en cuántas podrían verse beneficiadas, con diferencias que van de 300 a 3.000, sin que expliquen las razones de tal disparidad. La amnistía no será publicada en el BOE hasta finales de mayo o principios de junio. Los juzgados y tribunales concernidos tendrán dos meses para atender a quienes soliciten su aplicación personalizada, empezando por la eventual retirada de medidas cautelares. La concatenación de cuestiones prejudiciales podría referirse también a ese factor. En consecuencia, el horizonte tardará meses, si no años, en despejarse.

No es algo que inquiete en exceso a Junts y a Esquerra, cuyos diputados se abrazaron al final del pleno felicitándose mutuamente. Nunca podrán admitir que las carencias de la amnistía se deban a sus excesos ajenos a lo jurídico. Ambas formaciones las imputarán a la persistencia de una supuesta represión y, una vez obtenida la impunidad, dirigirán el foco hacia un referéndum de independencia, como ya han expresado. Una demostración de que la convivencia a la que ayer se aferraron los socialistas no depende de una revisión penal a la carta, sino de la asunción de la ley y del autogobierno como punto de encuentro de toda la comunidad. No es la campaña de las elecciones catalanas lo que bloquea la legislatura. Es el abismo que continuará dividiendo a sus ciudadanos tras el recuento del 12 de mayo.