Amnistía de enredo

La controversia indica hasta qué punto la anunciada promulgación de una amnistía ha podido generar una viva inquietud entre jueces y fiscales ante la acusación del independentismo de que habrían actuado, nada menos que desde 2012, con el ánimo de reprimirle generalizando el 'lawfare' y adoptando resoluciones injustas a conciencia. Los partidarios de la impunidad por el 1-O consideran que la Judicatura debería mantenerse al margen de cuantos asuntos pudieran ser objeto de la anunciada ley orgánica, a la espera de que su publicación en el BOE obligue a aplicarla. A su entender, lo contrario supone la intromisión de la Justicia en las tareas del Poder Legislativo. Como si la primera no tuviera entre sus funciones la investigación y enjuiciamiento de supuestos delitos sean quienes sean los autores a los que se les atribuyen.

La sola posibilidad de que la Sala de lo Penal del Supremo pase a entender sobre si algunas de las protestas a que dio lugar su sentencia fueron simples «desórdenes» o llegaron a «afectar gravemente a derechos humanos» dificulta la negociación entre el Gobierno y Junts y tensará la cuerda independentista. Nada que no suponga una admisión de culpas por parte del Poder Judicial va a satisfacer a Puigdemont y a una ERC a remolque. Es desconcertante que semejante cuestionamiento del Estado de Derecho arrastre al PSOE, con la excepción de algunas declaraciones formales de respeto a la Justicia por parte del ministro Félix Bolaños.