La amnistía, a juicio

Reducida la política a un carrusel de estados de ánimo, en menos de ocho meses la amnistía ha pasado de ser un tabú para los socialistas a convertirse en un trágala doloroso y terminar como parte de su ideario. La necesidad se ha hecho virtud en el ánimo oficial del partido. Y gran parte de la opinión pública puede acabar asimilando su aprobación como un destino inexorable. Pero, mientras transmitía una alegría desbordante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recordó que la última palabra la tendrán los jueces. Y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé, se expresó en idénticos términos, aunque Junts advirtiera de que incurrirán en prevaricación si no aplican la nueva ley según la lectura que el secesionismo hace de ella.

Las enmiendas incluidas a última hora se refieren a la descripción que las directivas europeas hacen del terrorismo para dar la apariencia de que el Legislativo puede situar el Código Penal español fuera de juego sin siquiera tratar de reformarlo. Cuando ni los estándares de la UE sobre terrorismo se sitúan en una órbita distinta a la de nuestra legislación penal ni cabe que una proposición de ley induzca la deslegitimación del Código Penal como si nuestro Estado de Derecho quedara así bajo sospecha. El Gobierno está interesado en el efecto inmediato de la amnistía, que le procura la oportunidad de ultimar la negociación de los Presupuestos con sus socios y en caso de aprobarlos, como es presumible, dar continuidad a la legislatura. Pero no está tan claro que, en lo inmediato, vaya a hacerse realidad «la normalización institucional, política y social en Cataluña» y el final de la «etapa de conflicto» a los que aludió ayer cuando Puigdemont y ERC interpretan ese mismo acuerdo como una puerta hacia la independencia, su próximo objetivo.

El borrado de los delitos podrá devolver al secesionismo a la fase previa al 'procés', pero sin asumir responsabilidad alguna sobre lo ocurrido, cuando la judicialización de la política respondió a la búsqueda deliberada de la confrontación con el Estado constitucional, que la proposición de ley extiende hasta nada menos que el 13 de noviembre de 2023. Las pasadas elecciones generales constataron el declive del soberanismo. En otras palabras, la inclinación social de los catalanes por la convivencia en la moderación. Pero se trata de una tendencia reversible. Porque, como se ha demostrado, basta con que los gobernantes de la Generalitat concedan credibilidad a la secesión, incluso por la vía unilateral, para que las cesiones en la amnistía se vuelvan contra la reconciliación.