Otro año deplorable

Francisco Marín Castán se dirigió ayer a los presentes con palabras de total inquietud, al recordar que hoy las democracias también mueren por «el debilitamiento de las instituciones esenciales». Advirtiendo de que «en un contexto fuertemente polarizado decae la visión de Estado y se impone la radicalidad de partido». A un mes de cumplirse el año de la dimisión de Carlos Lesmes, a la que éste recurrió tratando de instar a los dos grandes partidos de las Cortes, el popular y el socialista, para que desbloquearan la situación del CGPJ, el presidente accidental del Tribunal Supremo insistió ayer en que es inexcusable proceder a la renovación del Consejo. Más cuando el desdén con el que la confrontación partidaria está contemplando la suerte que corre la Justicia ha llevado a las instituciones de la Unión Europea a exigirla. Mientras se presume que el desbloqueo se producirá con los nombramientos requeridos para devolver el gobierno de la administración de Justicia a la normalidad, y luego cambiar su Ley orgánica «con arreglo a lo previsto en la Constitución, y atendiendo a los estándares marcados por Europa», como ayer reclamó el magistrado Marín Castán. Es decir, dejando el gobierno de la Justicia en manos de los jueces.

Después de casi cinco años de un impasse injustificable, el panorama político resultante de las elecciones del 23 de julio no permite pensar en una solución inmediata, sino todo lo contrario. Lo más probable es que el Poder Judicial continúe siendo rehén de una polarización que amenaza con ir a más sea quien sea el investido, o si todo acaba en una repetición electoral. Ello entre anuncios legislativos que ponen en cuestión la actuación de los tribunales.