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La citación ayer por el juez Peinado del presidente Sánchez para que declare como testigo en la causa que investiga a su mujer, Begoña Gómez, ... ha coincidido con el año transcurrido desde las generales del 23 de julio de 2023. Un año que no ha sido capaz de asegurar que la legislatura vaya adelante. Aquel día, y gracias a una remontada de último momento, Sánchez se encontró con que podía sumar apoyos en el Congreso como para seguir en el Gobierno. Pero la disolución del Parlamento de Cataluña por la que apostó este pasado marzo ERC, socio preferente del Ejecutivo, llevó al presidente a renunciar al proyecto de Cuentas del Estado para 2024.
Un revés que el Gobierno PSOE-Sumar presentó como un problema menor frente a la trascendencia de sus planes. Pero que vuelve ante la eventualidad, probable, de que tampoco se vea en condiciones de que el Congreso le apruebe su proyecto presupuestario para 2025. Es la nota mínima de gobernabilidad pendiente de nuevo de que el independentismo –ERC, pero también Junts– se comprometa con las necesidades de estabilidad en Cataluña relegando a muy segundo plano sus aspiraciones máximas, como requisito imprescindible para que pueda contarse con él para la gobernabilidad de España. O lo que es lo mismo: que el secesionismo se avenga a facilitar o aceptar que Salvador Illa sea elegido presidente de la Generalitat sin que, a cambio y en nombre de una «singularidad» intangible, se proceda a modificaciones estatutarias y constitucionales al margen de los procedimientos legalmente previstos.
Hoy, el Congreso votará sí o no a la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE, Sumar y Coalición Canaria que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para una distribución territorial vinculante de los menores inmigrantes no acompañados. El Gobierno insiste en interpelar al PP, tratando de evitar que destaque la renuencia nacionalista a la reforma. Y sin que haya procurado facilitar cuantos medios normativos y materiales requerirían cada una de las comunidades para hacer frente al desafío que no consta en el diseño del Estado autonómico ni en el de la política migratoria vigente. Ni siquiera el discurso de la lucha «contra la derecha y la extrema derecha» y «los bulos» puede justificar la precariedad parlamentaria de un Gobierno con las Cuentas anuales sumidas en la excepción de la prórroga y de modificaciones nada transparentes. Y ello mientras el presidente está citado ante el juez obligado a decir la verdad.
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Ana del Castillo
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