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Las elecciones del 28 de mayo dibujaron un nuevo mapa político que empezará a plasmarse el sábado en la constitución de los ayuntamientos y la proclamación de alcaldes. El reparto del poder se ajustará ese día, con escasas excepciones, a las alianzas dentro de los ... bloques de la derecha –mayoritaria en las urnas– y la izquierda que permita el escrutinio en un país sometido a una intensa polarización. El PP había decidido limitar al ámbito municipal las negociaciones con Vox allá donde fueran imprescindibles y enfriar las relativas a las comunidades hasta después de las generales para marcar distancias con ese partido y no regalar una baza dialéctica a Pedro Sánchez. El acuerdo por sorpresa anunciado ayer para controlar en coalición la Generalitat valenciana con unas urgencias que desmiente el calendario, contradice esa estrategia –aireada en una torpeza que la inutilizaba en parte– y pone la complicidad entre los populares y la derecha radical en el foco del 23-J, lo que movilizará o no al PSOE y sus socios, pero en nada beneficia a Alberto Núñez Feijóo, quien se supone que ha autorizado tan arriesgada apuesta.
Su aspiración de gobernar en solitario pasa por captar un amplio apoyo de sectores moderados y por atraer voto útil procedente de Vox. Ese pacto 40 días antes de las legislativas es contradictorio con tales objetivos y más parece responder a las prisas por amarrar poder territorial que a la línea marcada hasta ahora por Génova. La Comunidad Valenciana es uno de los grandes estandartes del cambio político que supuso el 28-M. Se entiende el interés de los populares en asegurarse su Ejecutivo, lo que les obligaba a algún tipo de pacto con la formación de Santiago Abascal pero no les exime de medir con inteligencia su grado de relación con ella y las responsabilidades institucionales que están dispuestos a compartir. No solo por cálculos partidistas, sino por los intereses superiores del país.
La experiencia en Castilla y León ha de servir de alerta al PP. La exclusión del Consell del candidato de Vox Carlos Flores, condenado hace veinte años por maltrato a su exmujer, respeta una línea roja ineludible. Es de esperar del futuro presidente valenciano, Carlos Mazón, el máximo rigor en la protección de los derechos y libertades de las mujeres y las minorías sexuales, entre otros colectivos, que sus ahora socios son proclives a cuestionar aunque estén preservados constitucionalmente.
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