Atentos a El Paso

Las condiciones de vida en los países centroamericanos –algunos de ellos sometidos a Gobiernos autoritarios, a una inseguridad delictiva creciente y a situaciones de extrema pobreza– hacen que la corriente migratoria no responda solo a la legítima aspiración a mejorar de vida, sino al derecho a preservarla en libertad. La legislación vigente impide que las expulsiones afecten a los originarios de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero sin que los nacionales de esos países puedan eludir el riesgo de ser expedidos a otros o detenidos en tanto que un paso ilegal tampoco les facilita su reconocimiento como exiliados. No se trata de un drama remoto o que concierna únicamente a EE UU, aunque esa nación de migrantes debería mostrarse más sensible, en fondo y forma, a un desafío que incumbe a un mundo entero profundamente desigual en el reparto de la riqueza y la provisión de oportunidades de futuro.

España tiene no solo la obligación, sino la necesidad de hacerse cargo de una parte de ese flujo constante de seres humanos que buscan una existencia más digna. El 27 de abril el Gobierno de Sánchez se adhirió a un compromiso de cooperación de largo alcance con México y Canadá que pretende asentar centros de solicitud en las regiones de origen a fin de conciliar las aspiraciones de los migrantes con las posibilidades y las demandas de un destino confiable. Se trata de una oportunidad para que sectores productivos de nuestro país encuentren la mano de obra que precisan y no encuentran. Su selección en origen no debería dejar de lado la angustia de los solicitantes para incorporarse a una población –la española y la europea– que solo puede atender a sus propias necesidades creciendo más allá de su exigua evolución vegetativa.