Ayuda solo humanitaria

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, anunció ayer que nuestro país seguirá destinando a la UNRWA una parte de los 50 millones anuales de la ayuda dirigida a los palestinos, a la espera del resultado de las investigaciones requeridas a la ONU por la propia agencia. El ministro Albares se refirió a los 13.000 trabajadores de la UNRWA en Gaza, del total de 30.000 que mantiene en los campos de palestinos refugiados en la región. En su inmensa mayoría son trabajadores palestinos, pertenecientes a familias y entornos permeados por las tramas de Hamás o de la Yihad. Su nómina es conocida por Israel, puesto que la ONU aceptó ofrecer esa información al Estado cuya existencia cuestionan abiertamente organizaciones palestinas.

Y hay estimaciones preocupantes sobre el grado de radicalización que podrían compartir los empleados palestinos de Naciones Unidas. Puede resultar injusto que la supuesta implicación de doce trabajadores en el ataque del 7 de octubre conlleve, por ahora, la reducción a la mitad de los fondos de la agencia, puesto que pone en riesgo su continuidad y la ayuda que permite a miles de palestinos sobrevivir en medio de la devastación y la penuria. De hecho, no sería aventurado concluir que con la financiación resultante de semejante crisis de confianza la UNRWA cubriría solo el pago de los sueldos de esos 30.000 empleados, sin margen para ofrecer servicios y ayudas al resto de la población palestina. Pero el mantenimiento de un 'statu quo' sufragado no solo a través de la UNRWA podría haber desbordado una divisoria crítica si se comprueba que Hamás y la Yihad han podido beneficiarse muy directamente de la financiación solidaria. Aunque el Gobierno de Sánchez opte por sortear el problema.