Balanzas fiscales

La propuesta del partido de Carles Puigdemont no es inocente: con ella aspira a presentar a Cataluña como víctima de una supuesta discriminación histórica –desmentida por múltiples indicadores– para sustentar su reivindicación de un sistema fiscal singular por el que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos. Un remedo del Concierto Económico vasco, al que Jordi Pujol renunció expresamente en la Transición, con la particularidad de que carece de sustento legal e incidiría de forma inevitable sobre la financiación de las demás comunidades. Ellas tendrían que asumir los beneficios que Cataluña obtuviese con ese nuevo modelo. Sin olvidar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos residentes en ellos y las empresas en función de sus rentas y actividad –es lógico, por tanto, que los territorios más ricos aporten más al bien común–, ni soslayar tampoco el principio de solidaridad que debe regir en cualquier país.

La financiación autonómica necesita una reforma a fondo. Los contradictorios intereses de las comunidades, incluidas las de un mismo signo político, impiden un acuerdo. El Ejecutivo se resiste a la soberanía tributaria exigida por Junts y ERC al considerarla inviable. Vistos los precedentes de la amnistía y otros, la cuestión es si mantendrá esa postura cuando los independentistas, que la habían puesto sobre la mesa de cara a la negociación de los aplazados Presupuestos de este año, vuelvan a hacerlo en un momento clave de una legislatura tan inestable.