El blindaje de Telefónica

Es cierto que el carácter inequívocamente político de la medida transmite un claro mensaje de apoyo a Telefónica que, al provenir de un Gobierno, puede resultar más disuasorio frente a hipotéticas operaciones hostiles de terceros. Pero también alienta el peligro, o cuando menos la sospecha, de un eventual intervencionismo en la multinacional, en cuyo consejo de administración estará representado el Estado. Por ello es necesario que el Gobierno explique sus planes y deje claro que, a través de la presencia de la SEPI en el grupo, se limitará a una estricta protección de los intereses nacionales. Parece sensata la búsqueda de un acuerdo en ese sentido con Caixabank y BBVA, que suman el 11% del capital, para conformar un núcleo duro que dé estabilidad al accionariado y contrarrestar así la posible influencia en la compañía de un actor tan alejado de los estándares democráticos como Arabia Saudí.

Los desafíos estratégicos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial, en cuyo desarrollo en España es fundamental el protagonismo de Telefónica, refuerza la necesidad de mantener su control en manos de confianza. El coste de la operación –2.000 millones de euros– la hace manejable en términos económicos. Pero también advierte sobre la debilidad de las telecos europeas ante compradores extracomunitarios por su bajo valor en Bolsa y los obstáculos a las concentraciones en la UE, y empuja a afinar en un mercado global la protección de grandes compañías esenciales para el destino de un país.