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Apenas catorce meses después de su toma de posesión, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, llevó a cabo la primera crisis de Gobierno. El pasado miércoles compareció para comunicar las destituciones de Pablo Palencia en Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y ... de Eva Guillermina Fernández en Cultura, Turismo y Deporte, que han sido sustituidos el primero por María Jesús Susinos, diputada regional y alcaldesa de Entrambasaguas, y la segunda por Luis Martínez Abad, hasta ahora consejero delegado y director general de Cantur. Buruaga también ha anunciado la constitución de una entidad bajo su control directo dedicada a impulsar los proyectos estratégicos para la Comunidad. Además ha decidido incluir dos materias en las denominaciones de sendas consejerías: 'Vivienda' en Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; y 'Financiación Autonómica' en la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
Los cambios están inscritos, según la presidenta, en las actuaciones emprendidas por el Gobierno para «dar un nuevo rumbo a Cantabria» mediante un plan de reformas: acuerdos con distintos colectivos (sanidad, educación), lucha contra las listas de espera sanitarias, bajada de impuestos, apoyo a los empresarios, reactivación de las inversiones y proyectos en curso, medidas contra la burocracia… Se trataría de dar un impulso a la acción de un Ejecutivo que camina en la dirección correcta.
Las dudas que las disposiciones adoptadas puedan suscitar quedaron sin responder en la comparecencia en la que, a modo de declaración institucional, no fue abierto un turno de preguntas para que los periodistas presentes plantearan aquellas cuestiones que necesitasen aclarar. Los interrogantes se han incrementado tras conocerse el viernes que la consejera destituida pasaría a hacerse cargo de la Dirección General de Cultura, es decir que bajaría un peldaño en el escalafón para estar a las órdenes del nuevo consejero, una medida inédita en los nombramientos de responsables públicos.
En todo caso, las decisiones tomadas definen un reajuste de las prioridades del Gobierno regional, bien para introducir cuestiones sobrevenidas, bien para corregir errores de partida: un año es un periodo escaso para valorar la gestión de una entidad pública sujeta a los condicionantes de la Administración y a los ritmos de su burocracia. Si un consejero es sustituido es debido a que no cumple con su cometido de la forma en la que se le requiere. La financiación autonómica, un asunto pendiente desde hace años, ha adquirido una relevancia máxima tras los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, y la región requiere toda la solvencia técnica y capacidad política disponible para hacer frente, en la medida que nos corresponde, a una situación de la mayor gravedad para Cantabria y el resto de España. La supervisión especial de proyectos relevantes sugiere que la existente padece carencias. Y el acceso a la vivienda es un problema de primera magnitud, especialmente para los jóvenes, presente desde hace años, que progresivamente se ha ido agravando en los últimos tiempos.
Es difícil entender, y más en una política experimentada como Sáenz de Buruaga, la razón para no ofrecer una versión más completa de los motivos de unas decisiones muy relevantes para Cantabria, objeto de razonables dudas, ante las preguntas de los medios de comunicación. Siempre será preferible hacer los cambios necesarios y corregir aquello que no funcione o lo haga insuficientemente antes que resistir a toda costa o enrocarse en el error. Pero con explicaciones.
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