Camino de Ámsterdam

El objetivo defendido por los máximos responsables de la compañía sería proseguir en su internacionalización desde la plaza europea que creen más adecuada. Tanto para cotizar simultáneamente en las bolsas de Madrid, Ámsterdam y Nueva York como para acceder a nuevos mercados y a más inversiones. Fue la razón que permitió a su presidente señalar que el título de Ferrovial había subido desde el anuncio del traslado–ayer cerró en 27,39 euros– mientras bajaba el Ibex 35. Lo que parece descartar la eventualidad de que haya accionistas dispuestos a frustrar la operación mediante una venta significativa de acciones.

La primera noticia sobre las intenciones de Ferrovial aludió a problemas de inseguridad jurídica que, con su marcha, trataría de sortear la compañía. Un argumento que no ha reaparecido por insostenible. Pero el escrutinio entre un 77,6% de accionistas que en persona o por representación participaron en tan decisiva junta –en su amplia mayoría inversores extranjeros– desoyó las advertencias del Gobierno de Sánchez, dirigidas en los últimos días a persuadirles para oponerse a la operación. Ello después de que tanto el presidente como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la titular de Hacienda y número dos socialista, María Jesús Montero, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se hayan prodigado en mensajes que han ido del agravio patriótico al anuncio de medidas correctivas. A los que ayer todavía se sumaron Yolanda Díaz y Ione Belarra, esta última exigiendo la devolución de las ayudas recibidas por Ferrovial durante la pandemia. Toda decisión empresarial de relevancia es susceptible de discusión pública. Sobre todo cuando supone un cambio de domiciliación que pudiera cuestionar la solvencia institucional del país de origen. Pero el Ejecutivo se empeñó tanto en afear el paso de Ferrovial que ahora no puede sino sumirse en el silencio.