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Opinión

Cantabria y España pierden

El pacto entre el PSOE y ERC significa un agujero de 600 millones para las cuentas de la comunidad, pero lo más grave es la ruptura de la idea nacional, el territorio en el que las regiones se respaldan entre sí

Domingo, 4 de agosto 2024, 07:31

El acuerdo fiscal al que PSOE y ERC llegaron el pasado martes para que la formación independentista apoye la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña tendrá un coste para Cantabria, si Pedro Sánchez consigue sacarlo adelante, de 600 millones de euros anuales, un tercio de los ingresos que la comunidad autónoma recibe del Estado cada año. Es el cálculo que estiman los expertos de la Universidad de Cantabria en el informe encargado por el Gobierno cántabro para estimar el impacto de la medida en la economía regional.

El pacto fiscal acepta la cesión del 100% de la recaudación de todos los impuestos a Cataluña, que posteriormente liquidará con el Estado el coste de los servicios prestados por ésta, a semejanza del concierto vasco y del convenio navarro, más una 'cuota de solidaridad'. La diferencia es que el País Vasco y Navarra, cuya singularidad está recogida en la Constitución en virtud de derechos históricos, significan en torno al 8% de la economía nacional, mientras que solo Cataluña es una quinta parte.

ERC consigue arrancar la soberanía fiscal plena, con la ruptura del régimen común de financiación, que pierde a uno de sus principales aportadores. El mordisco a las cuentas del Estado es notable, tanto que la medida, negada repetidamente por el PSOE por boca del mismo presidente y de notorios representantes del partido, ha encontrado la mayor contestación que hasta ahora ha tenido Pedro Sánchez en sus propias filas.

Presentado como un avance hacia el estado federal y hacia un nuevo tiempo de convivencia, como las anteriores concesiones en favor del independentismo sin que este haya dado ninguna señal de aceptar tal planteamiento, distintas baronías socialistas se han ido manifestando en contra. Con García-Page al frente, quien ha incidido en que el pacto promueve la desigualdad, y seguido por Aragón, Extremadura, Andalucía, Galicia y Asturias. Cantabria se ha alineado con las pocas federaciones regionales favorables, al defender Pablo Zuloaga que el pacto será bueno para la región.

La presidenta Buruaga arremetió duramente contra el acuerdo al tildarlo de corrupción política y al asegurar que desmonta principios constitucionales y el Estado de la Autonomías. Miguel Ángel Revilla no fue menos crítico al afirmar que, además de atentar contra la Constitución, reviste de mayor gravedad que la amnistía de los independentistas.

España es, en estos momentos, uno de los países más descentralizados del mundo, por lo que la apelación al federalismo parece más bien el intento de construir un argumentario para justificar la decisión previa. La cesión competencial muestra, a su vez, una excesiva confianza en quien, por el momento, no ha expresado la intención de volver al camino de la legalidad, sino todo lo contrario. La secuencia de concesiones, negadas previamente una y otra vez la mayor parte de ellas (la negociación en plano de igualdad, las reformas a la carta del Código Penal, los indultos, la amnistía y la soberanía fiscal), refleja un patrón de conducta que parece no tener límites y que amenaza con reventar las costuras nacionales. Si es grave que el Estado pierda el control financiero sobre una parte importantísima de sus ingresos, más lo es aún la disolución de la idea de nación, en la que unos territorios respaldan a los otros a lo largo de una historia común, en función de las necesidades de cada uno en cada momento.

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