Cantabria pierde

La posibilidad de negociar la transferencia de todos los impuestos devengados en la región abre la puerta a que Cataluña salga de la bolsa común –principio básico de la solidaridad interterritorial, en una situación similar a la del País Vasco– y a la vez se beneficie de inversiones públicas comunes. Algo similar ocurre con la transferencia de una parte de los ferrocarriles, que irá acompañada del correspondiente gasto en infraestructuras y material: los sindicatos de Renfe ya han dado a conocer su firme oposición al despiece de la sociedad estatal con la convocatoria de varios días de huelga. Y con la cesión de la Seguridad Social acordada con el PNV, que implica la ruptura de la caja única.

Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario por el uso que se hace de ellos, los recursos públicos también son limitados, y por su carácter requieren de una gestión significada por su escrupulosidad y transparencia. El trato de privilegio hacia una Comunidad afecta a las otras, que verán mermada su capacidad económica, especialmente en unas circunstancias de contención de gasto. Si una región está infrafinanciada, y así lo demuestran valoraciones independientes, lo correcto es corregirlo por la vía de la negociación de todas las partes implicadas.

Siendo grave la cuestión económica, más lo es aún el marco político que dichos acuerdos abren, y el cuestionamiento radical que ponen sobre la mesa del status quo nacional de las últimas cuatro décadas. El pacto con Junts recoge prácticamente punto por punto la argumentación independentista, que el PSOE hace suya añadiendo alguna salvedad al texto. Desde la aceptación de negociar la nacionalidad (también admitida con el PNV, lo que multiplica y complica el frente abierto). La inclusión de la figura del mediador, como si se tratase de una conferencia internacional entre iguales. La amplísima amnistía, que no solo afecta a actos calificados como de terrorismo, sino también a supuestos afectados por actuaciones legales que ahora son consideradas como delictivas contra rivales políticos ('lawfare'). No es de extrañar que todas las instancias judiciales hayan salido en tromba contra lo que de hecho representa la demolición del ordenamiento legal establecido. Aceptar negociar un referéndum pone la guinda a unos términos difícilmente aceptables para buena parte de la ciudadanía española, por más que una mayoría de diputados vayan a ratificar esta acumulación irresponsable de cesiones con la investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar en los próximos días.

Es una obviedad que el acceso al poder es el requisito previo para ejercerlo y, en democracia, actuar para conseguirlo es lícito siempre y cuando responda a los límites que la legalidad y los propios valores establecen. En este caso, los principios declarados hace pocas semanas han quedado arrumbados por «la necesidad» y la legalidad ha sido llevada a terrenos que solo auguran más conflicto y desentendimiento.