Casas por las nubes

Una concurrencia de factores ha llevado a esta situación, tal como relata Daniel Martínez hoy en El Diario. En primer lugar, la escasa oferta, todavía herencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se reventó en la crisis de 2008, en la que solares y edificios a medio construir se convirtieron en 'activos tóxicos' que llevaron a la quiebra o lastraron las cuentas de constructoras, entidades financieras y sectores relacionados, aún hoy sin digerir del todo. Además, el alza del precio de los materiales dificulta la obra nueva, que sale a precios prohibitivos.

En segundo término, el encarecimiento del crédito, fruto de las restricciones monetarias establecidas por los bancos centrales para controlar el proceso inflacionario agudizado tras la invasión de Ucrania: conseguir una hipoteca hoy no solo es casi 200 euros de media mensual más caro, sino que la misma concesión es mucho más difícil por la prevención de los bancos. Si añadimos los salarios menguados por la inflación y el bum de las viviendas turísticas, que contrae aún más la oferta para arrendamiento familiar, el resultado es francamente crítico para quienes quieren acceder a un domicilio propio, por medio de una u otra fórmula. Si el precio de la vivienda ha subido el 5% en el último año en Cantabria, el del alquiler roza el 15%. A su vez, la cantidad de pisos disponibles para arrendar ha descendido, por ejemplo, a menos de la mitad en Santander.

Poca vivienda, más cara, con sueldos menguados… Para aportar algún alivio a una situación preocupante, pues retrasa intentos de emancipación, frustra proyectos de vida e influye en otros de los problemas de nuestra sociedad, como son la crisis demográfica o la movilidad laboral, sería preciso articular de forma decidida una serie de medidas que intentaran conseguir resultados a medio plazo.

Así, dar salida a los planes urbanísticos para poner suelo en el mercado de forma razonable y con seguridad jurídica es un requisito ineludible: no es en absoluto razonable que, por uno u otro motivo, los ordenamientos, responsabilidad de los municipios con la supervisión de organismos autonómicos, estén paralizados durante lustros y no promuevan el desarrollo sensato y sostenible de las ciudades.

Otro asunto fundamental y que también compete a nuestros responsables públicos es el de facilitar la tramitación para la construcción de nuevas viviendas, destinadas a la venta o al alquiler. Proyectos concretos se ven sometidos a procedimientos interminables, que más que preservar la idoneidad de la construcción, los requisitos ambientales y cualquier otra prevención justificada, frenan empresas viables en opacos laberintos burocráticos. La actividad económica se ve así dañada, incluido el empleo que puedan favorecer o crear, porque los papeles no encuentran su camino por vaya usted a saber qué conflicto funcionarial. La reforma de la Administración, de todas las administraciones, y sus procesos es un gran debe colectivo en España que ningún gobierno, por el momento, se ha atrevido a emprender.

Junto a estas dos principales acciones destinadas a incentivar la oferta y, previsiblemente, moderar los precios, pueden articularse otras ayudas o desgravaciones en determinados casos de nueva vivienda o situación de renta. Lo que no ha funcionado, como se ha demostrado en medidas similares en otros países, son las intervenciones artificiosas que, de manera voluntarista, ponen tope a los precios y acaban encareciéndolos aún más.