El cerco de Puigdemont

La reforma del modelo de financiación está pendiente desde hace once años. Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han sorteado en ese tiempo la reclamación de más recursos por parte de las administraciones territoriales para afrontar las competencias que tienen atribuidas, con la sanidad y la educación como los servicios públicos de mayor importancia estratégica y que un mayor gasto requieren. La necesidad de revisar el sistema es compartida por todo el espectro político. Las diferencias residen en qué criterios aplicar para un reparto equilibrado de unos fondos que no son ilimitados. Al prometer un sistema singular para Cataluña, Sánchez ha dado a entender que tal excepción no afectaría a las demás comunidades. Cantabria, que sigue siendo a día de hoy la comunidad autónoma que recibe del Estado más dinero por habitante, ya ha anunciado que acudirá a los tribunales si la propuesta de Sánchez sigue adelante mientras exige una reunión con todas las regiones y reclama que la población flotante en verano sea un criterio en el futuro modelo.

Al margen de las posturas de cada comunidad, Cataluña puede tener razones de sobra para reclamar una financiación conforme a las competencias que administra, superiores a los de otras comunidades. A partir de ahí, el concepto de «singularidad» debe objetivarse mínimamente, sin que valga la presunción de rasgos identitarios diferenciados o de una historia aparte. Aunque haya intereses políticos inmediatos en juego, ni siquiera a Sánchez le resultará fácil cuadrar el círculo de la financiación autonómica para asegurar la continuidad de su mandato sobre la designación de Illa como presidente de la Generalitat.