Conmoción en Cantabria

Al margen de lo que las investigaciones de la Guardia Civil determinen sobre ambos sucesos y el contexto que los ha envuelto, y sus posteriores consecuencias judiciales, las dos noticias obligan a una profunda reflexión sobre cómo es posible tanta violencia en personas de tan corta edad; a un exhaustivo análisis de los motivos que les han llevado a cometer tan horribles acciones y, directamente relacionado con lo anterior, a determinar los errores que la sociedad pueda estar cometiendo en diferentes ámbitos como son la educación, la familia o el uso de las nuevas tecnologías, por citar algunos. Porque, como explica hoy en las páginas de este periódico el sociólogo Juan Carlos Zubieta, son noticias que desconciertan a la sociedad y provocan especial temor e indignación, tanto por la cercanía de lo sucedido como por el hecho de comprobar de forma dramática que los niños también pueden cometer hechos terribles.

Los datos de la Fiscalía de Cantabria son contundentes:los delitos cometidos por menores han crecido en la región el 13% y reflejan una alarmante curva ascendente ejercicio tras ejercicio hasta el punto de que la propia fiscal superior de la Comunidad, Pilar Jiménez, en su última comparencia en el Parlamento, rogó a las familias que «denuncien los delitos» de sus hijos para poder encauzarlos. «Algo hay que hacer. La situación antes era preocupante, pero ahora ya es grave», alertó. Y su mensaje no debe ser arrinconado en una hemeroteca sino muy tenido en cuenta.

La visión que hoy aportan los expertos consultados por este periódico inciden en este aspecto y señalan también un nexo común:el resultado de estos crímenes no es un hecho puntual y tiene una explicación detrás, unas causas sobre las que la sociedad está obligada a trabajar para corregirlas y evitar que sucesos como estos puedan volver a repetirse. Y donde no sea posible llegar, insistir en la rehabilitación e integración de los autores una vez cumplida la sanción impuesta. Son, como recuerdan desde la asociación Nueva Vida, personas, y se pueden rehabilitar.

Ahora, y una vez que los casos sean cerrados tras las investigaciones, corresponderá a la Justicia determinar qué penas deberán asumir los responsables;a la Administración velar para que se cumplan aquellas que impliquen prisión para los mayores de edad o tutela para los menores;y a la sociedad acoger a unas familias rotas que necesitarán de todo el apoyo que se las pueda prestar.