Consecuencias del 'caso Obras Públicas'

En efecto, cabe legítimamente suponer que, de no haber mediado una denuncia anónima ante la AEAT, esta trama hubiera continuado actuando con la más completa impunidad y que los políticos que gobiernan Cantabria hubieran seguido presumiendo de gestión mientras la ciudadanía era agraviada con tales prácticas. Este origen totalmente externo de la investigación fiscal, policial y judicial deja en mal lugar todos los sistemas de control interno. Y si se recuerda que esta legislatura 2019-2023 concluye sin que el Gobierno cántabro haya cumplido su promesa de regular mejores modos de control de las empresas públicas de la autonomía, el balance no puede ser precisamente positivo en este aspecto. Ni se controlaba, ni ha habido afán especial de controlar. Se trata de un tema de buena o mala gestión, no de, como equivocadamente se pretende señalar a veces, de honradez o no del político. El político honrado que descuida el dinero público también es un mal político y merece objetivamente la crítica. Negar esto sería renunciar al principio democrático de asunción de responsabilidad ante los ciudadanos.

Consciente sin duda de ello, el Gobierno de Cantabria ha aprobado esta semana y publicado en el BOC del día 31 sus 'Directrices sobre Buenas Prácticas en materia de Contratación Pública'. Con este documento se pretende tanto dificultar la viabilidad de maniobras como las del 'caso Obras Públicas', como restaurar cierta imagen del ejecutivo regional en cuanto al interés en luchar proactivamente, y no solo reactivamente, ante la corrupción. Se trata formalmente de un acuerdo del Consejo de Gobierno, no un decreto ni una propuesta legal y, por tanto, aunque sirve como indicación para la Administración e incluso fija plazo para algunas de las 14 medidas (seis meses), no establece ningún tipo de sanción ni previsión de qué sucederá en caso de que tales indicaciones sean obviadas. Es decir, si bien el acuerdo debe valorarse positivamente, la incertidumbre sobre su efectiva plasmación en la práctica no es pequeña, pues incluso se reiteran en algunos puntos cláusulas que señalan que, si un aspecto de la instrucción no se cumple, bastará con un documento que justifique por qué no se puede cumplir. El diablo está en los detalles y aún queda bastante tiempo para que se pueda verificar la utilidad real de las Directrices. En cualquier caso, es de desear que toda reforma promueva, junto con el control y transparencia, el necesario requisito de agilidad. Si el resultado del 'caso Obras Públicas' fuera incrementar la dificultad burocrática, el daño causado a la sociedad habría sido doble. En la próxima legislatura convendría desarrollar normas con rango de ley y previsión de sanciones creíbles, reforzando alguno de los conceptos de control. Las Directrices recuerdan que en 1991 se creó un órgano consultivo en materia de contratación, que no ha venido funcionando realmente y ahora hay que dinamizar. Queda, pues, mucha tarea por delante hasta que la autonomía pueda sentirse a salvo de situaciones como la que ahora lamenta.