Una Constitución más social

Aunque los partidos representados en la Cámara baja no se esforzaron por reconocer de manera suficiente la tardanza institucional. Cuando, además, el hito tardío que supone el cambio constitucional exige llenar de sentido la mención a los derechos y a las necesidades singulares de las personas con discapacidad. Porque la votación de ayer, que culminará en la reforma de la Carta Magna, es una invitación directa a que las instituciones –cada una en el ámbito de sus competencias– revisen las políticas públicas, en diálogo con las organizaciones representativas, para que la discapacidad no siga siendo un factor de desigualdad. De modo que la rectificación constitucional no quede en poco más que una modificación formal.

La dignidad de las personas con discapacidad encarna la de todos los seres humanos. El amplísimo consenso parlamentario obtenido en el Congreso de los Diputados por una vindicación tan básica sirvió, por ello, para llamar la atención sobre las obligaciones que la política no puede soslayar o tratar como una opción prescindible. Su deber principal es aunar pareceres y esfuerzos, para representar de manera óptima el interés común de los ciudadanos y administrar con la máxima eficiencia los recursos públicos. Ayer la política democrática cumplió con su obligación, todavía de manera insuficiente. Puesto que ahora le corresponde convertir el nuevo artículo 49 de la Constitución en medidas más efectivas que las aplicadas hasta la víspera. Aunque es de temer que la política partidista prefiera tratar lo ocurrido como una excepción que consolide su inclinación al enfrentamiento sistemático y a la polarización. A pesar de que el voto en contra de Vox resulte aleccionador respecto a la necesidad de una mayor concordia en el espacio público.