Un Constitucional en equilibrio

Sin embargo, la presunción generalizada de que los magistrados del TC designados a instancias de los socialistas acabarán dando validez constitucional a la Ley de Amnistía compromete seriamente la tarea encomendada a la corte de garantías. Del mismo modo que la interpretación ventajista de que fue la sentencia del TC sobre el Estatut de 2006 lo que desató el 'procés' secesionista a partir de 2012 volverá a aflorar como argumento de presión ante la eventualidad de que el Constitucional pudiera cuando menos revisar a la baja el alcance de una amnistía que el Gobierno acabó presentando tras las elecciones generales de julio de 2023 como el bálsamo definitivo para la desinflamación de Cataluña. Solo que el alto número de recusaciones presentadas también hacia la magistrada Laura Díez y el magistrado José María Macías –las cuales han de verse una a una–, más que modificar la ajustada mayoría que los progresistas mantienen sobre los conservadores tras admitir el TC la abstención en este tema del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, desviará la atención pública y dilatará los tiempos del Constitucional.

La resolución de ayer mantiene a Cándido Conde-Pumpido en la dirección de las deliberaciones del tribunal que preside, no solo en cuanto a la Ley de Amnistía sino también en lo referido a las otras recusaciones. Bajo su juicio queda la solvencia que se le supone al Constitucional como garante último de que nuestro sistema de libertades en convivencia se rija según la Carta Magna.