El control en la Administración pública

Un año después, y sin que todavía se hayan conocido todos los detalles del proceso anterior, El Diario Montañés informa hoy de que el titular del Juzgado Número 2 de Santander ha abierto, a raíz del caso anterior, una pieza separada en la que investiga a cuatro empleados de la empresa pública Gesvicán por supuestos delitos de fraude en la contratación y cohecho.

A la espera de que las pesquisas actuales determinen el alcance de este nuevo presunto fraude, la noticia vuelve a poner de manifiesto que algo ha fallado en el sistema de control de los contratos de la Administración pública en Cantabria que, por segunda vez, se ve sacudida por supuestos casos de corrupción, aún sin tiempo para que la sociedad cántabra se recupere de la convulsión que supuso conocer los entresijos de la trama anterior.

Es cierto que el Gobierno de Cantabria, máximo responsable en la supervisión de la Administración pública, acordó, todavía bajo la dirección del PRC y del PSOE, una serie de cambios administrativos para tratar de evitar que casos como el de Obras Públicas vuelvan a repetirse y que asumió responsabilidades políticas con la salida del consejero y del director general. Y que el Ejecutivo actual, ya bajo la dirección del PP, ha encargado una auditoría interna de los contratos en la Consejería de Obras Públicas durante los últimos años, dirigida a determinar el quebranto económico que el 'caso' ha supuesto para las arcas regionales.

Pero ambas decisiones han dejado ciertas lagunas en la percepción que la sociedad cántabra tiene de este endurecimiento del control interno en la Administración ante los casos de corrupción y de la respuesta que tanto el anterior Gobierno del PRC-PSOE como el actual del PP han adoptado. Primero, porque a los anteriores gobernantes les costó asumir su responsabilidad como máximos dirigentes de una Consejería que gestionaron durante años y se limitaron, obligados por una contundente respuesta política y social, a forzar la salida de su titular, José Luis Gochicoa, al que sin embargo días más tarde homenajearon;y segundo, porque los actuales dirigentes en el Ejecutivo han rechazado impulsar una investigación en el Parlamento regional –como sí hicieron con otros casos en la legislatura en la que gobernaron con Ignacio Diego como presidente– tras suscribir su pacto de investidura con los regionalistas.

Los políticos no pueden obviar que la sociedad exige una contestación contundente ante los posibles casos de corrupción en el seno de la Administración y deben adoptar las medidas necesarias para responder a estas exigencias.