El control de RTVE

En cualquiera de los casos, RTVE seguirá colonizada por la política partidaria. Solo que la «pluralidad» sin precedentes en ella que anunció ayer el ministro Óscar López podría limitarse en el primero de los casos al reparto de consejeros entre los socios de la investidura, cual si fuesen compensaciones para prolongar la legislatura. El PP puede tener razones para censurar una línea informativa con cierto sesgo progubernamental, pero ni su pasada gestión de la corporación ni las de las radiotelevisiones autonómicas en sus comunidades son modelos que se caractericen por una ejemplar imparcialidad.

El Ejecutivo amagó con modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la designación del CGPJ no tuviese que contar con una mayoría parlamentaria cualificada. La intervención de la Comisión Europea fue persuasiva al respecto. Esta vez no hay más mediadores que las audiencias. El problema de RTVE no es solo el institucional, sino de modelo de un servicio público que sea, además, financieramente sostenible. Dispone de una plantilla de 6.600 trabajadores y un presupuesto de 1.193 millones para este ejercicio, más otros 100 destinados a retransmisiones deportivas, sostenidos por las Cuentas del Estado y las aportaciones del sector. Una aventura imposible de llevar a cabo a base de ocurrencias.