Daños irreparables

La dilación de la verdad se vuelve dolorosa. También por eso hubiese sido mejor que el Gobierno esperara a contar con un plan mucho más atado y preciso para hacer pública su existencia. El aparente anuncio de ayer no materializa esperanzas, sino que las pospone de nuevo, aunque trate de atender a las indicaciones del Defensor del Pueblo en el informe encargado por el Congreso. La Conferencia Episcopal ha objetado que no puede aceptar un proyecto que «discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales» al entender que solo las menos habrían sido objeto de ellos abusos en el seno de la Iglesia. Los obispos señalan una falla que las instituciones no pueden pasar por alto, pero que compromete también a la jerarquía católica. Es moralmente intachable que la cúpula episcopal reclame un plan que dignifique a todas las víctimas de abusos sexuales, aunque su objeción precisa del crédito de una institución que se haga cargo de sus responsabilidades antes de nada.

Tal requerimiento en ningún caso puede eximir al Gobierno central y al resto de las administraciones de atender al conjunto de las víctimas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe acordar con la Iglesia católica la materialización de sus propósitos. Pero, sobre todo, debe hacer frente a un problema social y jurídicamente más enrevesado: dignificar una a una a todas las demás víctimas con indemnizaciones de las que solo podrá hacerse cargo el Estado y cuya casuística precisará de un basamento legal que no eternice el dolor.