Depuración de responsabilidades

Ningún indicio ha habido respecto a la participación directa del aún consejero y del aún director general en la trama de corrupción que se investiga, y que el propio presidente asume como inexistente a tenor del sumario. Sin embargo, precisamente la falta de vigilancia y control sobre un funcionario de tan altas responsabilidades fue un error que necesita una exigencia de medidas. Aunque todavía está por determinar la cantidad millonaria que la trama sustrajo a los contribuyentes de Cantabria por medio de los presuntos amaños contractuales, no parece pequeña a la vista del enriquecimiento de los implicados. Y es la ausencia de la debida vigilancia sobre cifras tan gruesas de dinero público la que, sin más, debiera haber inducido a Revilla a tomar decisiones más rápidamente, lo que estaba dando pie a todo tipo de rumorología y a un acelerado desgaste de la marca regionalista.

Es la primera vez que Revilla tiene que abordar el cese de un consejero a consecuencia de un episodio de corrupción. Pero no hay que olvidar que recientemente se confirmó la sentencia, también por cuestiones de contratación pública, contra altos cargos del Servicio Cántabro de Salud de la legislatura anterior. O que la directora general de Juventud dimitió por exigencia incluso del propio Revilla, ante un caso de claras incompatibilidades ante ciertas contrataciones de servicios. Por tanto, alardear de pureza está fuera de lugar cuando se han presentado estos casos en una misma coalición y en una misma administración. Lo que procede es mostrar voluntad de corregir cualquier posible defecto de las prácticas actuales.

En ese sentido, el presidente avanzó tanto las peticiones del Gobierno al Juzgado sobre medidas cautelares para las empresas implicadas, como la posibilidad de cambiar la legislación para que al menos dos personas fueran necesarias a la hora de dar el visto bueno a una propuesta de contratación. Ante esto, que en sí parece positivo, se debe indicar que, en primer lugar, la afección a las empresas como tales puede implicar consecuencias serias para sus plantillas, que han sido ajenas a la trama y ahora pueden ver a sus compañías en condiciones de problemático futuro. En segundo lugar, el retoque de la normativa sobre contratación no es nada fácil en un tramo final de legislatura, con solo un mes de sesiones, prácticamente.

Parecería mucho más práctico ordenar a la Intervención General y a una peritación externa el examen de las contrataciones en los departamentos afectados por estos escándalos para determinar todas las implicaciones en el fallo de los controles y cuánto dinero de todos los cántabros se ha burlado en estos episodios. Una autonomía que dice no poder pagar a los médicos lo que estos piden para reducir lista de espera por las tardes necesariamente tiene que echar cuenta de los fondos malgastados en otros conceptos. Por moralidad y legalidad, y además por cuestión de pura eficiencia, Cantabria necesita una reacción mucho más completa.