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Israel se enfrenta a una crisis política de extraordinaria magnitud ante la reforma judicial impulsada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que socava los fundamentos de la democracia al atacar la independencia de la justicia y la separación de poderes. Ni las multitudinarias protestas en ... las calles, sin precedentes en varias décadas, ni las advertencias de prestigiosos juristas, la oposición en pleno y autoridades internacionales han frenado por ahora el proyecto del Gobierno más derechista de la historia del país, que comparte el Likud con partidos ultras. La propuesta permitiría al Parlamento anular decisiones del Tribunal Supremo –ahora inapelables–, así como suprimir su capacidad de tumbar leyes ordinarias; y otorgaría en la práctica al Ejecutivo una mayoría para nombrar a los jueces de esa corte, que vería eliminadas sus atribuciones para inhabilitar a ministros y otros altos cargos. Todo ello retrata una peligrosa deriva autoritaria ante la que se ha rebelado el presidente, Isaac Herzog, quien ha promovido un texto alternativo de consenso elaborado por académicos de distintas tendencias ideológicas en un intento, tan desesperado como de escaso recorrido, de evitar un golpe a los principios básicos del Estado de Derecho.
La reforma avanza con éxito en su tramitación en la Kneset (Parlamento), acelerada en los últimos días. Netanyahu ha recurrido a un argumentario populista de manual al defender que su objetivo es «reforzar la democracia» dando la última palabra a los diputados frente a los pronunciamientos de instituciones no surgidas de las urnas. Una burda excusa que no puede camuflar el camino iliberal hacia el que se dirige Israel mediante el sometimiento del Supremo –con una acreditada trayectoria de rigor jurídico e independencia– a los dictados del Gobierno y la descarada politización del proceso de selección de sus jueces. «Quienes afirman que la mayoría que eligió a sus representantes en la Knesset les dio un cheque en blanco para hacer lo que quisieran tergiversan la democracia», ha advertido la presidenta del tribunal, Esther Hayut.
Junto a las pulsiones autoritarias del primer ministro y de sus socios de extrema derecha y ultrarreligiosos, el golpe judicial de Netanyahu –el único primer ministro que se ha sentado en el banquillo de los acusados en el ejercicio de sus funciones– seguramente no es ajeno a los tres delitos de corrupción por los que sigue encausado.
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