Descrédito de la gestión pública

Al margen de lo que determinen las investigaciones policiales y sus posteriores consecuencias judiciales, lo más preocupante es que las dos noticias inciden de forma negativa en la ya mala percepción que los ciudadanos tienen de la Administración y de la valoración que hacen de los verdaderos intereses que pueden perseguir las personas llegadas a la política y su connivencia con determinados empresarios a la hora de gestionar el dinero público. Es reseñable, en este punto, recordar las palabras que el expresidente regional Miguel Ángel Revilla pronunciaba esta misma semana en un canal de televisión nacional y en las que advertía de una falta de profesionalidad en la política actual, al tiempo que avisaba de la llegada a los partidos «de personas poco cualificadas que acceden a los cargos por amiguismo». Opinión de un veterano de la gestión pública y que merece un análisis por parte de todos los partidos políticos.

En el caso que más afecta a Cantabria, la investigación que el Juzgado realiza en la empresa pública Gesvicán ha vuelto a sacudir el sistema de contratación de la Administración regional tan solo un año después de que el 'caso Obras Públicas' –considerada la mayor trama de corrupción en la historia de la comunidad autónoma– convulsionara Cantabria. Aún en la fase incipiente de las pesquisas, la conexión entre ambos casos es evidente y palpable, como demuestran las diferentes informaciones que este medio ha ido ofreciendo a lo largo de la semana. Y, entre todas ellas, hay una que las conecta de forma extraordinaria:fue el mismo denunciante anónimo quien alertó a las autoridades competentes de lo que estaba ocurriendo, primero en el Servicio de Carreteras de Obras Públicas, y más tarde en Gesvicán, a través de las encomiendas que realizaban distintos jefes de servicio de la Consejería, según se recoge en la amplia documentación del caso. Sorprende que la actividad, supuestamente ilícita, que realizaban un funcionario de alto nivel de la Consejería y distintos trabajadores de la sociedad pública, en complicidad con los responsables de algunas de las principales empresas constructoras de la Comunidad, no fuera advertida por los controles internos que se supone que existen en la contratación pública, y que haya tenido que ser una fuente anónima quien la denunciara. No hay que olvidar que en el caso del Servicio de Carreteras estamos hablando de presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, y que se habrían prolongado durante dos décadas;y en el de Gesvicán se investigan supuestos delitos de fraude en la contratación y cohecho.