Desencuentro dañino

Los choques que han ido jaleando este conflicto se han sucedido sin pausa: desde los desaires por la presencia de representantes del Gobierno de España en la región sin comunicación oficial, al desistimiento de proyectos relevantes para Cantabria (véase la estación intermodal de La Pasiega), al retraso en las inversiones y en la construcción de infraestructuras y hasta las relaciones preferentes con los socios independentistas y nacionalistas del PSOE, con la negociación de una financiación especial sobre la mesa y otros acuerdos bilaterales ventajosos.

Pedro Sánchez no ha recibido en la vigente legislatura a ningún presidente autonómico, con la excepción de catalanes y vascos: a Pere Aragonès por segunda vez en el mandato esta semana, y a Imanol Pradales el pasado viernes, a los que ha cumplimentado a domicilio. No en vano, ambos son socios imprescindibles para sostener a su Gobierno. Para el resto no hay respuesta, pese a las peticiones, como la de Cantabria, para encontrarse con él. Lejos quedan los tiempos de las Conferencias de Presidentes continuas.

Es sabido que Sánchez utiliza todas las vías para dar la batalla política. Véase como ejemplo notable el control sobre las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, que han pasado de ser altas representantes de la Administración central, dedicadas fundamentalmente a la coordinación de las instancias ministeriales en las autonomías, a férreos baluartes gubernamentales, con gran peso político.

El PP, por su parte, hace valer su control de la gran mayoría de las Comunidades Autónomas –once de las diecisiete tienen presidente popular– para coordinar una oposición 'territorial' al Ejecutivo, además de utilizar su mayoría absoluta en el Senado para frenar, en la medida en la que las competencias de la Cámara Alta lo permiten, las decisiones del Congreso.

Todo este cúmulo de desentendimientos forma parte del clima político enrarecido que vivimos en España con un Gobierno, dada la naturaleza de sus apoyos y de las circunstancias que han llevado a ellos, sostenido en precario y cuya debilidad se muestra a diario. Hacer de las relaciones de las regiones y el Ejecutivo central parte de ese conflicto es un error que solo redunda en un enorme perjuicio para los administrados. La legítima divergencia de ideas y de las políticas que de ellas emanan en las diferentes administraciones que vertebran la organización del Estado no es óbice para que esas representaciones de los ciudadanos no se entiendan entre sí en los asuntos relativos a la gestión de lo público que tienen encomendada.

Estamos viviendo un gran número de situaciones inéditas en la acción política nacional, y muchas de ellas constituyen precedentes dañinos, contrarios a las buenas prácticas no escritas que deben regir el ejercicio de lo público, que es, sobre todo, un servicio a la comunidad. El necesario acceso al poder, imprescindible para aplicar el ideario propuesto a los ciudadanos, nunca puede ser el objetivo supremo, para el que cualquier medio es lícito.