Desgaste constante

Antes de estos episodios tan sonados y que han encrespado a la opinión pública, el desgaste sufrido por la coalición PRC-PSOE, tras tantos años de asociación (se remonta a 2003), las consecuencias del covid-19 y los trastornos producidos por la suma de una recuperación desequilibrada y los efectos de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, parecía aún mantener a la suma de los partidos gobernantes suficientemente por encima del listón de los 18 escaños que fija la mayoría absoluta en Cantabria desde que, durante la Presidencia de Ignacio Diego, el número de diputados se redujo, para ahorrar gasto, de 39 a 35. Fue entonces cuando el número mágico desde los comienzos, el 20, se convirtió en un 18.

Parece complicado que la coalición haya conseguido evitar un deterioro adicional por lo que se viene descubriendo de la trama que operaba en la Consejería regionalista desde hace veinte años. Miguel Ángel Revilla se ha visto obligado a destituir al consejero de Obras Públicas, a su director general de Carreteras y al subdirector general también (a este, por no resultarle al Gobierno satisfactorias las explicaciones sobre sus conversaciones con la trama). Además ha querido personarse en la causa, tanto para defender el interés de la autonomía como para tener acceso a la información. El efecto de esta asunción de responsabilidades políticas quedó contrarrestado con una comida-homenaje que en amplios sectores del propio regionalismo, y en todos los sectores del resto de fuerzas políticas, se ha considerado un error de bulto. Una cosa es proclamar la inocencia penal y la integridad moral de un consejero (algo que nadie ha puesto en duda), y otra felicitarle por su desconocimiento del saqueo a las arcas públicas que estaban bajo su responsabilidad. De hecho, el propio vicepresidente del Gobierno cántabro y secretario general del PSOE censuró el banquete del PRC, en un inédito gesto de pública discrepancia.

Además, la inaudita polémica sobre la hora en que la delegada del Gobierno, la socialista Ainoa Quiñones, telefoneó al presidente cántabro para informarle de la operación policial en la Consejería ha dado lugar también a otro desgaste. Las diferentes versiones horarias ofrecidas por el líder del PRC, desde la primera afirmación tajante sobre las 7.20 h. hasta la declaración final de que no lo recuerda y que su Nokia no lo tiene registrado, han molestado muy justificadamente a una delegada cuyo respeto a la labor policial se veía cuestionado, incluso en ámbito nacional, por ese baile de los relojes. Como Quiñones alega, y su queja es razonable, lo correcto era que el presidente hubiera admitido que su narrativa no era sólida y que se trataba de un lapsus. Si no hay certeza en algo tan simple como una hora de llamada telefónica (algo bastante insólito en el actual estado tecnológico), ¿cómo puede haberlo en cuanto a los controles existentes para el buen uso del dinero público? Se trata de un problema de credibilidad que solo se puede resolver actuando con transparencia y contundencia. Cantabria aún sigue sin explicación política de cuánto y con quiénes se ha defraudado desde 2003. Y el goteo de noticias por un procedimiento de esta envergadura no va a remitir previsiblemente. Si la coalición de gobierno quiere volver a flotar en expectativas confortables, deberá comprometerse más con las expectativas de la ciudadanía ante este caso, que ha provocado un 'shock' difícil de ponderar, pero considerable según todos los indicios.