Despegue renovable

Tras el plan inicial, que pretendía construir molinillos capaces de general 1.500 megavatios, y las denuncias judiciales de ARCA, se han ido sucediendo la supresión de las primas a las renovables, la contestación y protestas, las trabas administrativas y ambientales y el enfriamiento del interés político hasta que las decenas de proyectos que llegaron a considerarse han quedado en un puñado. En concreto, siete son los que en estos momentos están en curso avanzado, tal como cuenta José Ahumada hoy en El Diario: el citado de El Escudo, que es el mayor y que representa con sus 105 megavatios y sus 25 aerogeneradores casi un tercio de la potencia total prevista, 315 megavatios. Le siguen los parques eólicos de Somaloma, Bustatur, Cuesta Mayor, Campo Alto, Alsa y La Costana, con producciones de entre 45 y 13,5 megavatios y grupos de nueve a tres molinillos. Todos ellos en los montes del sur de Cantabria, con especial incidencia en el municipio de San Miguel de Aguayo, en el que cinco de estos polígonos tendrán parte de su desarrollo. Cuatro cuentan con autorización para iniciar sus obras, y los otros tres están a la espera, con los trámites previos cumplidos, por lo que si no surgen nuevos impedimentos, todos ellos estarán en funcionamiento en 2015.

El impulso que el Gobierno de Cantabria y la Administración central están dando a la energía eólica en la región no oculta que, en el mejor de los supuestos, la generación energética quedará muy lejos no solo del plan inicial de hace ya 17 años, sino que no llegará ni a la mitad de los 700 megavatios previstos en el plan energético de Cantabria. Pese al retraso respecto a las demás regiones españolas, el inicio del despegue renovable en la Comunidad ha de ser bienvenido, junto con otros desarrollos e inversiones como el de Repsol para ampliar el sistema de embalses de Aguayo y utilizarlo como almacén energético; los planes empresariales para producir y transportar hidrógeno verde; y los proyectos e investigaciones de almacenamiento energético y de generación proveniente del mar.

En todo caso, el obligado desarrollo de fuentes renovables no justifica su implantación a toda costa, sin considerar aquellos requisitos ambientales, paisajísticos e históricos que requiere un despliegue ordenado. No tendría sentido que, para descarbonizar la generación energética, haya que comprometer entornos naturales de gran valor biológico, o condenar paisajes únicos. Ni tampoco impedir la producción de energía limpia por la ineficiencia burocrática. Las renovables y la protección ambiental deben ir de la mano en un mundo que precisa de la energía y también hace de la lucha por la preservación del medio uno de sus valores prioritarios.