Deuda al límite

El debate electoral de los últimos días ha demostrado que ningún partido puede sustraerse a la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC establecido por ley. Pero ninguno de ellos parece en condiciones de garantizar la sostenibilidad del sistema. Algo semejante ocurre con las cargas financieras del Estado central. La ralentización de los fondos europeos, con el uso de ese recurso extraordinario un 40% por debajo de lo que era posible en el primer semestre, revela una actitud cuando menos parsimoniosa de cara a la recuperación. Aunque la vicepresidenta Nadia Calviño se jacte de presidir la reunión de los ministros europeos de su ramo para tratar sobre el restablecimiento de la disciplina fiscal de la Unión con el propósito de consensuar las nuevas normas de cara a octubre, no acaba de admitir que el resultado de esas deliberaciones dará lugar a medidas restrictivas en cuanto a los límites de déficit y deuda. Medidas que la España anterior y posterior a las elecciones del domingo debe interiorizar sin escudarse después en que han sido dictadas por Bruselas. Basta pensar en que próximas subidas de tipos, un mayor déficit de la Seguridad Social por el aumento de las prestaciones con la inflación y eventuales tensiones en el sistema financiero global podrían convertir la deuda pública en un problema acuciante.