Un dictamen inapelable

El hecho de que, en una pérdida creciente de vocaciones para el sacerdocio y la adscripción a órdenes religiosas, con fecha 2022 la mitad de los victimarios de la Iglesia católica fuesen laicos advierte de la dimensión del problema. La obligación inmediata que concierne a diócesis y órdenes religiosas es recabar y ofrecer cuanta información sea necesaria para dar cauce judicial a los posibles delitos que no estén prescritos y contribuir a la restitución moral de aquellas injusticias que resultan más lacerantes por el mismo paso del tiempo. Justicia y restitución que son urgentes para impedir que la impunidad revictimice a quienes han sido objeto de abusos sexuales, y para aliviar cuanto antes el dolor insufrible que siguen padeciendo hombres y mujeres violentados por aquellos de los que en su niñez y adolescencia esperaron un amparo vinculado a la fe religiosa.

Durante décadas, y a lo sumo, la Iglesia se había preocupado de las almas pecadoras de los victimarios. La Iglesia del papa Francisco en España debe perseverar en dirigir su mirada hacia el quebranto que arrastran las víctimas. El informe de la institución que dirige Ángel Gabilondo emplaza a un diálogo resolutivo para resarcirlas también económicamente. Dilatar la adopción de cuantas iniciativas contribuyan a ello incrementaría una injusticia tan extrema.