El difícil acceso a la vivienda

La situación se agrava en el caso de Cantabria. Dicho informe sitúa a la región como la segunda del país donde más tardan los jóvenes en abandonar el domicilio familiar, solo superada por Extremadura. Los datos que se extraen del documento muestran que únicamente el 13,9% de los jóvenes cántabros –unos 10.500– vive fuera del hogar familiar y para poder alquilar una habitación en la Comunidad tienen que dedicar el 35,2 % de su salario mensual, que se encuentra por debajo de los mil euros netos al mes, uno de los más bajos de España.

El acceso de los jóvenes a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de España que, de momento, no encuentra solución pese a los constantes anuncios y compromisos que los diferentes partidos realizan durante las campañas electorales y pese a las iniciativas que aprueban los gobiernos, tanto el nacional como el regional. Detrás de ello se encuentran realidades que inciden de forma directa en la dificultad de los jóvenes para emanciparse:escasez de vivienda pública, falta de interés por parte de la iniciativa privada en facilitar pisos asequibles, alquileres disparados, proliferación de alojamientos turísticos, la okupación, etc...

Para tratar de corregir esta situación, las administraciones se han convertido en promotoras y se han lanzado a construir viviendas públicas de alquiler que pondrán después en manos de los ciudadanos a «precios asequibles». Cantabria es un buen ejemplo de esta alternativa. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander tienen ahora mismo en cartera la construcción de 607 inmuebles, casi la mitad de los que se levantaron en la región durante el último año. La medida, dirigida a aumentar la oferta y tratar de corregir los actuales desajustes en los precios parece positiva, pero siempre y cuando vaya acompañada de otras soluciones, como pueden ser las ayudas al alquiler –que actualmente carecen de la necesaria agilidad en su tramitación– o, incluso, a la compra; una regulación de los alojamientos turísticos –aún a la espera– y contundencia legal contra la okupación que dé garantías a los propietarios. A nivel nacional, el Gobierno central asegura que esta será «la legislatura de la vivienda» con la construcción o rehabilitación para su uso de 184.000 nuevos inmuebles, aunque todavía falta concreción y realidades.

Un problema paralelo a toda esta situación es la odisea que para un universitario representa desplazarse a una comunidad autónoma para estudiar y encontrar un lugar donde vivir. Cantabria, pese a no ser una ciudad de gran tradición universitaria, no escapa a esta dificultad dado que sí acoge todos los años a medio millar de estudiantes procedentes de otras comunidades que deben buscar una vivienda en la que alojarse. La situación se repite: escasa oferta, y la que hay está a precios difícilmente asumibles, tanto en pisos como en habitaciones y residencias. La Universidad debe jugar aquí un papel clave y convertirse en una aliada de la Administración para, de forma conjunta, dar alternativas a los estudiantes que deseen formarse en la Comunidad.