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Los ministerios de Justicia y de Hacienda iniciaron ayer con las asociaciones de jueces y de fiscales un proceso negociador ante la huelga indefinida convocada por todas las agrupaciones profesionales del sector –excepto las dos de corte progresista– a partir del próximo día 16 que ... amenaza con colapsar la Administración judicial. El incremento de las retribuciones y la racionalización de la carga de trabajo, que pasa por un ineludible refuerzo de los medios materiales y humanos, son demandas que concitan el unánime apoyo de esos servidores públicos, aunque coexistan entre ellos opiniones dispares sobre cómo canalizarlas. La protesta organizada en puertas de las elecciones locales y autonómicas del 28M refleja el profundo malestar enquistado en los juzgados de nuestro país, en los que el fuerte ascenso de la litigiosidad en los últimos años ha agravado problemas estructurales no afrontados por este Gobierno ni por los que le precedieron, lo que entorpece sobremanera el funcionamiento de la maquinaria judicial y le resta la debida eficacia. No es casual que el paro que ahora pretende evitar el Ejecutivo haya sido precedido de otro de los letrados judiciales –que consiguieron subidas mensuales de entre 430 y 450 euros– y de los anunciados por los funcionarios de Justicia y los abogados del turno de oficio.
El único poder del Estado que se basa estrictamente en la profesionalidad de sus integrantes, avalada por años de preparación, oposiciones y experiencia, requiere al menos unas condiciones laborales tan dignas como las del resto de las administraciones. Los convocantes de la huelga denuncian que la actualización salarial reclamada está pendiente desde 2009, lo que carece de justificación alguna. Los ciudadanos se sentirán siempre más confiados en un sistema que retribuya justamente a las personas que, en última instancia, interpretan las leyes y determinan hacia qué lado se inclina la balanza del Derecho. Y también en uno que disponga de las dotaciones necesarias –tanto de personal como de infraestructuras– para desarrollar en condiciones idóneas la alta responsabilidad que tienen encomendada, lo que está lejos de ser realidad ante el tenaz olvido al que ha sido sometida la justicia en las últimas décadas. Otorgarle la prioridad que merece implica, en primer lugar, alcanzar un acuerdo razonable que impida el paro indefinido y constituya el preludio de la sustancial mejora que requiere el funcionamiento de los tribunales.
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