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Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial acordados entre el PP y el PSOE tomaron ayer posesión de sus cargos y se reunieron por primera vez para proponer a siete magistrados del Supremo como candidatos a presidir tanto el órgano de gobierno de ... los jueces como el alto tribunal. El próximo martes 30 deberán decantarse con doce votos a favor –una mayoría cualificada de tres quintos– por quien asumirá ambas responsabilidades. La persona elegida tendrá también que dinamizar y arbitrar los trabajos para la elaboración de una propuesta legislativa que reforme la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la composición y elección en adelante del propio Consejo. Ello con el objetivo supuesto de despolitizar la institución concediendo un mayor protagonismo a jueces y magistrados, aunque a partir de un pacto que los dos principales partidos alcanzaron bajo los auspicios de la Comisión Europea el 25 de junio, sujeto siempre a la interpretación que unos y otros hagan tanto de ese desbloqueo como de la devolución del gobierno de los jueces a estos últimos. La proposición a la que dio lugar aquel acuerdo «requiere» del CGPJ una iniciativa «que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación». Unos términos que se ciñen al papel constitucional que desempeñan las distintas instituciones concernidas, pero mediante una redacción poco comprometida en cuanto a la asunción de la propuesta del Consejo por parte no ya del Gobierno o de las Cortes –que institucionalmente no podrían verse atados al dictamen–, sino de PP y PSOE. Es este último detalle el que deja un tanto en el aire el alcance del paso visualizado ayer.
El Poder Judicial cuenta con un órgano de gobierno renovado tras cinco años de su devaluación a causa de la confrontación partidaria. La reunión del martes dará cuenta de hasta qué punto hay sintonía entre los veinte vocales designados a medias por ambos partidos. Y del grado de independencia que se le presuponga a quien vaya a presidir en adelante el CGPJ y el Supremo. Lo que también dará idea de la solvencia con la que partan los trabajos para la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y siempre que el PP, el PSOE y los demás grupos parlamentarios admitan que su obligación inmediata es dar unos cuantos pasos atrás, mostrando de antemano su disposición a hacer propio el dictamen del CGPJ, sin que nadie tenga que volver a encomendarse a Bruselas.
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