Entendimiento entre administraciones

Así, un fructífero encuentro entre la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha servido para desbloquear numerosos proyectos en los que la capital de la región no contaba con el respaldo de la comunidad autónoma. Algunos de ellos, como el Centro Asociado al Reina Sofía-Archivo Lafuente o el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), tienen un papel clave en el desarrollo de la ciudad como polo de atracción de turismo cultural, junto con las otras iniciativas públicas (Mupac) y privadas (el proyecto Faro Santander para acoger la colección de arte del banco). Otros, como el apoyo al desarrollo del Cabildo, del antiguo Convento de las Clarisas y al plan de integración del ferrocarril, contribuirían a desbloquear proyectos urbanísticos atascados pero muy relevantes por diversas causas. La renovación del suministro de agua es una de esas obras poco visibles pero esenciales para el servicio de la población santanderina. Y el respaldo al centro de acogida de personas sin hogar Princesa Letizia significa la implicación del Gobierno regional en un cometido que trasciende el ámbito municipal.

También ha comprometido Buruaga su apoyo a la petición del consistorio frente al Ministerio de Medio Ambiente de paralizar la retirada del espigón construido en La Magdalena y la continuación de la obra inicialmente prevista, con el segundo dique para completar el sistema protector de la playa. Una reclamación que, frente al Gobierno de España, ha constituido una de las primeras actuaciones del equipo de Gema Igual, ya liberado, gracias a su mayoría absoluta, de los pactos con Ciudadanos que le impidieron defender su plan inicial.

El entendimiento entre las dos administraciones, local y regional, ambas del mismo signo político, ha sido por tanto beneficioso, al menos en el terreno de las intenciones, y se supone que redundará a favor de la ciudadanía. Sin embargo, ya han surgido los primeros desencuentros entre el Gobierno de España en funciones y la Administración regional cántabra, junto con el Ayuntamiento, ahora popular, de Camargo, a cuenta del centro de acogida de refugiados que iba a construirse en el antiguo psiquiátrico de Parayas. El anterior Gobierno de Cantabria, a través de su vicepresidente Pablo Zuloaga, había conseguido una inversión de 30 millones de financiación europea con ese fin, como parte de una red de centros por toda España. El nuevo alcalde camargués, Diego Movellán, se ha apresurado a rechazar la instalación, y la presidenta Buruaga, nada afortunada, ha argumentado que un centro de acogida puede instalarse en cualquier otro lugar, no así una residencia de ancianos, que es lo que pretenden construir en los edificios hoy sin uso. Aún menos certera ha sido la ministra en funciones, Ione Belarra, al achacar a cuestiones de odio el descarte del centro. La renovación de argumentarios simplistas es una asignatura pendiente de nuestra clase política.

Sirvan estas recientes situaciones, en las que coinciden los encuentros con las afinidades partidarias y los enfrentamientos con las militancias rivales, para escenificar unas políticas que en muchas ocasiones están más dirigidas a representar el choque político que la labor de administración de lo público para beneficio de los ciudadanos. Es obvio que una función sustancial de las instituciones es la de encauzar las distintas formas de entender la sociedad que obligatoriamente deben convivir. Pero también lo es que en demasiadas ocasiones esas diferencias se utilizan para intereses partidarios, no para buscar el bien común, misión primordial que nuestros gobernantes deberían atender.