Error real

En España y en el ordenamiento universal sobre los derechos humanos la libertad de expresión es un bien con altísima protección. Sin ella no se entiende ni el juego democrático ni la mayor parte de las libertades públicas, aspectos ambos básicos en nuestro sistema legal. Además, la vertiente pública del exmonarca hace que sus acciones estén expuestas a la crítica, por más que esta sea acerada y hasta mordaz. Por supuesto, la libertad de expresión tiene sus límites legales, y corresponderá a la vía judicial recién abierta determinar si fueron transgredidos por Revilla al atribuirle, como considera el anterior rey de España, delitos que no cometió y mediante desacreditaciones vejatorias o insultos.

Pero al margen del camino de los tribunales, que el rey emérito está a tiempo de cerrar retirando la demanda, el análisis político de la misma muestra aún mayores inconsistencias. Su denuncia, y más a un dirigente como Revilla, vuelve a colocar en el debate público unos comportamientos de difícil justificación, con los que el rey Felipe ha marcado una distancia nítida en su esfuerzo por modernizar la institución, remarcando su misión de servicio a los ciudadanos. El insustituible papel desarrollado por don Juan Carlos en la Transición, reconocido por la mayoría de los españoles, no puede verse de nuevo eclipsado por otra decisión errónea, que no allana la normalización de su regreso al país al que rindió un servicio insustituible.