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La actual legislatura autonómica se abrió tras una campaña donde las promesas de los gobernantes sobre las líneas ferroviarias de larga distancia (el tren con ... Bilbao y el AVE de la Meseta) habían ocupado el lugar estelar de los programas electorales, muy por encima de las políticas industriales, de empleo, educativas, científico-tecnológicas o de transición energética. La realidad al finalizar el cuatrienio es que el tren a la capital vizcaína está sin financiación ni proyecto aún (antes de julio no se sabrá si la Unión Europea rectificará su decisión inicial de no cofinanciarlo, porque el Gobierno de España no había argumentado en su favor para la conexión con el Corredor Atlántico); y que el tren con Palencia va muy rezagado y las grandes obras pendientes entre Reinosa y Alar del Rey no tienen fecha ni aproximada (el último tramo licitado al sur de Alar, Calahorra de Boedo-Alar del Rey, lo ha sido la pasada Navidad y cuando se adjudique consumirá tres años de ejecución). Las cercanías ferroviarias, necesitadas de una obligada y urgente puesta al día, no han evolucionado mucho mejor.
En efecto, las perturbaciones constantes en la línea Santander-Torrelavega-Cabezón de ancho métrico, debidas a frecuentes averías y a la desorganizada implantación de nuevos sistemas de seguridad que alargan el tiempo de viaje, han sido motivo de escándalo. De pronto, el tren dejó de ser el paradigma de fiabilidad en frecuencias y horarios. Asimismo, las quejas de los usuarios de la línea de ancho métrico a Bilbao han dado pie incluso a movilizaciones. No es preciso quizá mencionar que aún no ha comenzado, cinco años después de la firma del convenio entre administraciones, la integración ferroviaria de Torrelavega, ni tampoco la de Santander. El ferrocarril iba a ser la estrella de la legislatura y se ha estrellado en una gestión torpe, poco ágil y que tendrá consecuencias negativas, durante muchos años, para Cantabria.
En efecto, se quisieron acallar las protestas sobre el pésimo funcionamiento de las cercanías prometiendo una nueva flota de convoyes, que se adjudicó en junio de 2020 y debía entrar en servicio en pocas semanas, pues así lo anunció el Gobierno de la nación. Pero la chapuza del mal dimensionamiento del encargo a la constructora CAF ha frustrado el compromiso. Los trenes proyectados no son compatibles con los túneles. O se cambian los túneles, o se cambian los trenes. Dada la evidente dificultad de lo primero en una orografía como la cantábrica, la opción elegida ha sido la adaptación de máquinas actuales a un modelo nuevo. Esto supone partir casi de cero en el diseño, pruebas, validación, fabricación y homologación. Los trenes de 2023 no estarán antes de 2026. Se ha perdido una legislatura de progreso ferroviario en Cantabria.
El poco edificante peloteo de mensajes entre Renfe, Adif, el Ministerio y el Gobierno de Cantabria, cuyos líderes, alarmados por el ridículo nacional causado por la noticia en vísperas de una campaña electoral, se han apresurado a pedir explicaciones y «cabezas», resulta lamentabilísimo para los ciudadanos, cuyos impuestos costean todo ello. Lo que está claro es que no existe desde la autonomía un seguimiento estrecho de los hitos ferroviarios que afectan a la región, más que ocasionalmente cuando hay que negociar un presupuesto o recibir a algún representante ministerial. La Mesa del Ferrocarril, cuyo liderazgo debería correr a cargo de la Consejería de Transportes, no ha funcionado, no se ha documentado y por tanto su influencia en este asunto ha sido nula. Si hubiese una mayor colaboración con las comunidades vecinas en materia de ferrocarriles quizá se habría podido efectuar un seguimiento más acertado. Pero Cantabria viene despreciando ostensiblemente a las comunidades occidentales en este ámbito. Hay muchas 'cabezas' que deben a la ciudadanía una disculpa de buen tamaño, ante este escándalo de los trenes.
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Ana del Castillo
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