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Los discursos de fin de año ofrecidos por las presidentas y presidentes autonómicos han mostrado de nuevo la difícil coexistencia de necesidades y aspiraciones territorialmente diversas cuando destacan las diferencias partidarias. La alocución por San Esteban del líder de la Generalitat catalana, Salvador Illa, apelando ... a «la fraternidad» que en esa fecha se celebra en los encuentros de su comunidad y haciendo gala, en el fondo, de la sintonía que mantiene con Pedro Sánchez poco tiene que ver con el mensaje de Isabel Díaz Ayuso al frente de la comunidad de Madrid. Esta última recurrió a un tono grave para advertir de que su autonomía, «la región más solvente de España», está decidida a «no permitir la impunidad, ni callar ante el abuso ni el totalitarismo en cualquiera de sus formas». Mientras Illa o el lehendakari Imanol Pradales recurrían a la singularidad de sus respectivos regímenes de autogobierno, también al mostrarse satisfechos por las transferencias en marcha desde la Administración central, esa misma idea es percibida desde las comunidades gobernadas por el PP y desde Castilla-La Mancha liderada por el socialista Emiliano García-Page como sinónima de una excepcionalidad que apuntan como injusta. Especialmente aquellos territorios que más precisan de un fondo de compensación que el Gobierno central ha tendido a confundir con su magnanimidad.
No haría falta que todas las autonomías reivindicasen para sí las mismas competencias que tienen o reclaman Euskadi y Cataluña para que la financiación de régimen común evidenciara una crisis mayor que la caducidad de diez años del modelo vigente. El gasto social y sanitario de una población envejecida y con territorios despoblados, la demanda habitacional que no acaba de sustanciarse en respuestas viables por parte de las administraciones, las políticas de inclusión ante una creciente movilidad y migración, la imprescindible oferta de una educación de calidad en el lugar de origen o los compromisos ineludibles de inversión pública reclaman mucho más que la eventualidad de que la Hacienda central se haga cargo de parte de la deuda autonómica. Reclaman un modelo fiable y duradero de suficiencia y sostenibilidad financiera de las atribuciones centrifugadas en el Estado compuesto. Aunque hay un factor añadido que agudiza el problema. El desencuentro partidario continuado, con implicaciones autonómicas directas, tanto respecto a la mayoría que Sánchez precisa para seguir gobernando, como a la hora de procurar la alternancia en Moncloa.
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