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El Consejo de Ministros ordinario de ayer anunció un amplio paquete de medidas para paliar los efectos de la DANA inspiradas en las adoptadas en la pandemia y presentadas por el presidente Pedro Sánchez. Un catálogo de ayudas públicas valoradas en 10.600 millones que ... incluye la rehabilitación de inmuebles, exenciones fiscales y en las cotizaciones, prórrogas en el pago de créditos y ERTE que lleva sin duda esperanza y estímulo a comarcas valencianas cuyos vecinos lo han perdido todo y se siguen viendo desvalidos ocho días después de la catástrofe. También incorpora la cobertura de los gastos realizados por los ayuntamientos en tareas de rescate, desescombro y limpieza. Sorprendentemente, el jefe del Gobierno no se refirió a aportaciones extraordinarias para que la Generalitat desarrolle sus competencias frente a una crisis tan extrema, por ejemplo con el levantamiento de centros educativos que sustituyan a los que se ha llevado la riada.
Sánchez intentó ofrecer la imagen de que, tras el manifiesto caos inicial, el Estado en su conjunto ha comenzado a encauzar una respuesta adecuada. Tuvo el buen detalle de hacerlo sin entrar en diatribas partidistas sobre la muy discutible gestión del Ejecutivo autonómico del PP. Sus alusiones retóricas a la «cogobernanza» y a la necesaria coordinación entre todas las administraciones tienen una escasa correspondencia con el continuado rifirrafe entre la central y la valenciana a propósito de sus respectivas labores de prevención de la tragedia y sus reacciones posteriores, de las que ninguna puede sentirse satisfecha.
La magnitud de la intervención descrita por el presidente para la «reconstrucción» de las zonas afectadas durante un período que se presume de años hubiera sido consecuente con la previa declaración del estado de emergencia o una figura similar. El Gobierno y la Generalitat disponen de herramientas de esa índole. Difícilmente encontrarán una ocasión en la que esté más justificado su uso, que Carlos Mazón ha eludido quizás para no mostrar impotencia cediendo el protagonismo a la Administración central –la única que cuenta con los recursos para afrontar una crisis de esta dimensión– y Moncloa para no restar eficacia a la respuesta, como señaló ayer Sánchez, o por cálculos políticos. El Estado autonómico es compatible con una conjunción de esfuerzos entre las instituciones para afrontar una situación tan excepcional. Lo único que se requiere es voluntad política.
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