Una excepción eficaz

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, artífice de la excepción ibérica, anunció ayer que el precio de referencia del gas utilizado para la generación de energía eléctrica irá incrementándose dos euros cada mes, hasta pasar de los 55 actuales a los 65 en diciembre. Con lo que el ajuste al alza previsto sería más llevadero. Según el ministerio de Ribera, la excepción ibérica habría ahorrado 5.106 millones de euros a las familias desde su aplicación en junio del año pasado. Además de situar la tarifa eléctrica muy por debajo de la de los países de nuestro entorno, habría contenido a la baja la cotización del gas durante los últimos meses de 2022. Eludiendo por ahora la extensión de la prórroga hasta que finalice 2024, al limitar su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, los demás socios de la Unión cuentan con ese mismo margen de tiempo para avanzar en la negociación de un marco comunitario para el mercado eléctrico.

La resistencia mayoritaria a topar precios, incluidos los de la energía, es lo que permite calificar de excepción a la medida admitida a España y Portugal. Pero la apertura de los otros gobiernos a la generalización siquiera parcial de iniciativas semejantes ante situaciones críticas dependerá si acaso de que las consecuencias de la guerra contra Ucrania y las tensiones geopolíticas inviten a ello. Circunstancia tan indeseable que no será fácil que la presidencia de turno española en el próximo semestre logre desbordar las resistencias ideológicas y nacionales en la Unión.