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El Consejo Interterritorial de Sanidad no ofreció el lunes el consenso sobre el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios y residencias de mayores que la ministra Mónica García esperaba al convocarlo. Hoy vuelve a reunirse esa instancia, denominada de «cogobernanza» durante la pandemia, ... con la previsión de que, si persisten recelos entre las comunidades sobre la conveniencia de esa medida, el Ejecutivo central la impondrá en el conjunto de España para frenar los contagios por virus respiratorios que han tensionado el sistema de salud. La disparidad de criterios, que va más allá de las diferentes siglas que controlan cada territorio, obedecen a motivos distintos que guardan relación con la distinta incidencia de las infecciones, con la férrea defensa de las competencias autonómicas en esta materia y con la convocatoria de un encuentro sin seguir los cauces establecidos en el que iba a ser puesta en solfa la gestión de la crisis por parte de los encargados directos de afrontarla, que niegan haber cometido error alguno.
Es evidente que las administraciones –también la central– han actuado con una inexplicable tardanza, que el Ministerio de Sanidad intenta cubrir ahora, en lo que a él respecta, asumiendo la coordinación con cierta improvisación y cuando los contagios, tras varias semanas disparados, están cerca de alcanzar su pico. De poco parece haber servido la experiencia de la covid. El empleo de mascarillas para evitar contagios debería ser un hábito de las personas con síntomas y, en periodos con una alta expansión de virus respiratorios como el actual, una prevención a considerar en centros sanitarios, el transporte público o en grandes aglomeraciones. Bien como recomendación, que para ser eficaz requiere un potente discurso de las instituciones y una intensa pedagogía, o como exigencia en función de la coyuntura epidemiológica.
Pero el problema ha estado más en la falta de vacunación que de mascarillas. Es en ese punto donde ha fallado la cogobernanza en la interinidad post 23J y lo que urge corregir. La idea de rebajar la presión asistencial mediante autobajas de tres días, como ha propuesto el ministerio, permitiría aliviar la saturación en la Atención Primaria. Pero sería jurídica y operativamente imposible limitar la medida al período estacional más proclive a síntomas respiratorios, dejando de lado patologías crónicas o las relacionadas con la salud mental. Además, la inexistencia de un informe facultativo comprometería la baja con posibles litigios laborales.
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