Fallaron los controles

Los periodistas de El Diario Montañés, con el responsable de Tribunales, Abel Verano, al frente, emprendieron una investigación que ha hecho numerosas aportaciones al esclarecimiento de lo ocurrido. Sobre la forma de trabajar de la supuesta trama, que se valía de un conocimiento exhaustivo de los procedimientos administrativos y del control de todas las fases de la adjudicación. Acerca de la eliminación de las empresas que no se avenían al juego y quedaban marginadas en las adjudicaciones, como en el sector han hecho notar. Mediante el uso repetido de los mecanismos de contratación de urgencia. Sobre el pago de las mordidas, en efectivo y en especie, la colocación de los beneficios obtenidos o el nivel de vida del presunto responsable. Hasta los mecanismos que habrían permitido al acusado dominar la organización interna de su departamento para dirigir los pagos a las empresas participantes en la supuesta trama.

El Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander avanza en una compleja instrucción que, tras la vista, determinará las responsabilidades penales y civiles a las que haya lugar. La auditoría interna de la Consejería que el Partido Popular se había comprometido a encargar, que hoy da a conocer El Diario, ha tenido en cuenta una muestra significativa de las adjudicaciones de obras de la entonces Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo (ahora Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) desde 2018 hasta agosto de 2023. Los 219 expedientes analizados, que adjudicaron 32 millones de euros, son en torno al 10% del total de los 2.157 tramitados en ese periodo, por valor de 300 millones. De ellos se han excluido aquellos afectados por la investigación judicial, para no interferir en ella, ya que abarca un ámbito más amplio que el administrativo.

La Intervención General, responsable del informe, concluye que, aunque los expedientes «cumplen la normativa aplicable en cuanto a licitación, adjudicación y licitación de contratos», ha detectado una serie de «debilidades» en el control de los mismos. El hecho de que una misma persona interviniera en todas las fases de la adjudicación es manifiestamente irregular, pues contamina la limpieza del procedimiento. Reprocha el uso repetido de la contratación de urgencia. Echa en falta una «correcta determinación del presupuesto de licitación y del cálculo del valor estimado de los contratos a precio de mercado». Además de otros fallos, como no planificar la contratación según la Ley de Contratos del Sector Público, la falta de instrucciones claras para la separación de funciones o de suficiente documentación sobre las comprobaciones de la ejecución.

Aunque la finalidad del informe no es investigar conductas delictivas, las prácticas identificadas establecen que, además de los comportamientos ilegales que pudieran haberse llevado a cabo, también falló la supervisión, dado que las actuaciones fueron repetidas y notorias. Algo de la mayor gravedad, que permitió la comisión de los presuntos delitos y que las actuaciones judiciales y policiales habrán de determinar.