Un fenómeno imparable

Como cualquier actividad que irrumpe con fuerza y altera la situación precedente, los pisos turísticos traen de la mano una serie de problemas que se manifiestan en distintos ámbitos. Su despegue ha detraído viviendas del alquiler para los residentes, lo que ha disparado los precios: el 10% en Cantabria en los tres primeros meses de 2024. El sector turístico reclama, con sólidas razones, la igualdad de condiciones con las que rigen para los demás agentes, y la deslocalización del negocio que facilitan las webs de reservas puede promover, como en otras actividades afectadas por la economía digital, una competencia desleal en términos de costes o fiscalidad, por ejemplo. Han de añadirse a los precedentes todos esos otros conflictos de índole social, bien sea por la recuperación forzosa de viviendas alquiladas, como la conocida esta semana en un edificio de la santanderina calle de Santa Clara, con los casos extremos de expulsión de inquilinos, o las molestias que los visitantes puedan causar a los vecinos de pisos turísticos. Numerosas comunidades de propietarios están promoviendo la modificación de sus estatutos para tratar de impedir que se instalen viviendas vacacionales.

En cualquier caso, lo que era un fenómeno en alza está adquiriendo carácter exponencial: en Cantabria, entre el 15% y el 20% de las compraventas de pisos se hacen en estos momentos con el objetivo de dedicarlos al alquiler vacacional. Sólo en el primer trimestre de este año en Santander los alojamientos de este tipo se han incrementado el 37,8%, un vuelco en el mercado que se completa con la dedicación de edificios completos y la conversión de bajos comerciales en alojamientos. La recién constituida asociación de propietarios de viviendas de uso turístico de Cantabria, Avutcan, cuenta ya con cuatrocientos miembros. Todo ello da cuenta de un fenómeno que se ve acompañado por el creciente interés de la región como destino turístico, que previsiblemente signifique la llegada de más visitantes en los próximos años. No es de extrañar que voces cualificadas alerten de la formación de una burbuja por el incremento de oferta, así como de los riesgos de masificación en determinados momentos y zonas de la región.

Es por tanto imprescindible que la regulación que el Gobierno de Cantabria está preparando, en contacto con todos los sectores implicados, tenga en cuenta toda esta casuística, sin perder de vista la demanda que atiende y los beneficios para particulares y empresas. Para ello el primer objetivo ha de ser el de conseguir legalizar la situación de las más de diez mil viviendas de alquiler turístico de la región, según calculaba el sector el pasado año, de las que apenas están registradas o en trámites unas 3.500.