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El nuevo Gobierno de España ha comenzado esta semana su andadura con el cometido de dar la batalla política y llevar a cabo los pactos ... que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. La diversidad de fuerzas implicadas, apoyadas en la oportunidad de influir en un PSOE necesitado y predispuesto a la cesión, hace también dificultoso mantener la cohesión de este grupo variopinto, sostenida en una convergencia de intereses de incierta pervivencia. La veintena de formaciones de Sumar, en la que Podemos ya se ha convertido en un socio díscolo; la permanente disputa entre ERC y Junts; la carrera por el liderazgo vasco entre PNV y Bildu; más los intereses del BNG y Coalición Canaria, auguran un permanente choque entre quienes han respaldado la investidura y el PSOE que lidera el Gobierno. No es posible satisfacer las demandas de todos, ni dejar de lado a la mayor parte de las comunidades autónomas, con ejecutivos del PP, con o sin Vox.
Cantabria se verá directamente afectada en múltiples frentes. Como región española, y parte del proyecto nacional y del entorno de derechos y libertades ahora puesto en cuestión. La posibilidad de ceder la recaudación tributaria propia a Cataluña (como ya ocurre con el País Vasco, en virtud del concierto económico reconocido en la Constitución) implicaría una reducción de la caja común de la que dispone el Estado para hacer frente a sus necesidades, y la correspondiente merma de los recursos disponibles para la financiación autonómica y los gastos ministeriales. Algo similar ocurre con la quita de la deuda: aunque la traslación de la asunción del 20% de la cantidad que Cataluña adeuda al Fondo de Liquidez Autonómica, unos 16.000 millones, significaría que el estado asumiría más de 600 millones de la deuda cántabra, no es precisamente edificante la aceptación colectiva de los gastos de una región, fruto de sus propias decisiones y de las competencias que ejerce.
Además, Cantabria se encuentra en estos momentos inmersa en el desarrollo de una serie de grandes proyectos que en buena medida condicionarán su futuro. Parte de su éxito depende de la implicación del Gobierno de España, muy especialmente en el ámbito de las infraestructuras. Óscar Puente, al frente de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene en sus manos la continuidad de las obras de la alta velocidad ferroviaria entre Palencia y Aguilar de Campoo, parte de ella en curso, así como de las inversiones de las cercanías, cuyo servicio, al margen de la enorme chapuza del encargo de los trenes inservibles, es absolutamente ineficaz. También dependen de Puente la decisión de conectar por ferrocarril la Pasiega, lo que define la trascendencia de la zona logística, así como el tren con Bilbao, poco más que una nebulosa, y el corredor Atlántico, del que finalmente Cantabria ha optado por formar parte. El tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega y la reforma de la Hermida parecen finalmente encaminadas, aunque en materia de inversiones en infraestructuras conviene no bajar la guardia. La Aguilar-Burgos, fuera de la región pero esencial para nuestras comunicaciones, emprende un nuevo tramo a un ritmo desesperante.
En el ámbito del Ministerio de Cultura, a cargo de Ernest Urtasun (Sumar), el Mupac y el Reina Sofía-Archivo Lafuente, llamados a ser dos emblemas de Cantabria, tienen vinculado a su apoyo bien la velocidad de su ejecución, bien la trascendencia que quiera dársele al proyecto. Y en cuanto a Transición Ecológica (Medio Ambiente), en el que repite Teresa Rivera, sería deseable una ruptura con las políticas previas, que poco han aportado a la región en el ámbito del lobo, de la gestión del litoral (véanse las playas santanderinas) o de las empresas en procesos de transición energética.
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Ana del Castillo
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